Oviedo, E. P.

El fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo, Joaquín de la Riva, ha solicitado una multa de 5.760 euros y el pago de las costas procesales para G. G. Á., vecino de Lena, nacido en 1987, por quebrantamiento de condena después de que en octubre de 2010 acudiese como montero en una cacería portando un perro.

La fiscalía alega que una sentencia de 2009, firme, prohíbe al acusado el ejercicio de profesión, oficio o comercio con animales, durante dos años, por matar a golpes a un cachorro de entre cuatro y siete meses. La vista oral está señalada para hoy en el Juzgado de lo penal número 2 de Oviedo.

El cumplimiento de la pena comenzó el 30 de septiembre de 2010 y fue notificada al acusado, al que se advirtió de que, en caso de incumplimiento, incurriría en un delito de quebrantamiento. El fiscal sostiene que, pese a ello, «el acusado participó en una cacería como montero el 7 de octubre de 2010 llevando un can de nombre "Moro", sólo una semana después de haber iniciado el cumplimiento de la pena establecida en la sentencia y haciendo caso omiso de la inhabilitación acordada», según la fiscalía.

De la Riva, considera los hechos constitutivos de un delito de quebrantamiento de condena. Los hechos por los que G. G. Á. fue condenado en 2009 ocurrieron el 4 de octubre de 2008, cuando el acusado, acompañado de otras dos personas, también condenadas, de común acuerdo, cogieron un perro de entre cuatro y siete meses de edad, que participaba en una cacería de la Sociedad de Cazadores y Pescadores de Lena. El cachorro era propiedad de uno de los cazadores. Lo metieron en el maletero de un turismo y lo trasladaron a una vivienda en Carraluz (Lena). Allí, los tres, y en venganza porque los dos compañeros del acusado habían sido denunciados por la Sociedad de Cazadores y Pescadores de Lena, mataron a golpes al animal. El Juzgado de lo penal número 3 de Oviedo aceptó la tesis planteada por la fiscalía y consideró los hechos constitutivos de un delito de maltrato animal del artículo 337 del Código Penal. Además de la pena de prisión e inhabilitación, la sentencia los obligó a indemnizar al propietario del animal con 2.500 euros.