Oviedo,

F. VALLINA

El fiscal delegado de Vigilancia Penitenciaria en Asturias, Juan José Martínez Junquera, recoge en la memoria del año pasado -hecha pública ayer- que cuatro de cada diez reclusos de la cárcel de Villabona recibieron algún tipo de tratamiento psiquiátrico en el 2011, «bien por problemas psiquiátricos puros, por patologías derivadas del consumo de drogas, o por ambas cosas».

Los números, que suponen el 40,53 por ciento del total de internos, «dificultan» el tratamiento de estos presos, puesto que por un lado «los centros penitenciarios psiquiátricos sólo admiten a penados con eximentes totales» y por el otro «el desmantelamiento de la red pública de centros psiquiátricos cerrados conlleva que personas que suponen un peligro para la sociedad» terminen en prisiones comunes. En total, 593 internos recibieron tratamiento con psicofármacos el año pasado en la prisión asturiana. También se realizaron 1,749 consultas en el interior del centro penitenciario gracias a un convenio de colaboración con el Servicio de Salud del Principado de Asturias.

Por otro lado, Juan José Martínez Junquera advierte de que siguen existiendo problemas para la oferta de trabajos en beneficio de la comunidad a los penados. En la memoria anual de la fiscalía se añade que el gran problema radica en la ejecución de estas penas por la escasez de plazas ofertadas por parte de los ayuntamientos de la región.

El texto elaborado por la fiscalía explica que ya se ha planteado un plan de choque a través del cual la administración penitenciaria facilita plazas para el cumplimiento efectivo de la pena incluso a los internos que se encuentran cumpliendo prisión, y agrega que también se ha llegado a la firma de un convenio con el Arzobispado de Oviedo -cuyos resultados aún no se pueden valorar-, pero «con todo, y a pesar del esfuerzo llevado a cabo, siguen existiendo problemas para la oferta de trabajos a los penados».

La mayoría de los delitos a los que se aplicó la pena de trabajos en beneficio de la comunidad el año pasado la constituyen los relacionados con la seguridad vial, seguidos de los de violencia de género.