Treinta detenidos por defraudar 120 millones con la venta de hidrocarburos

Madrid, Agencias

La Guardia Civil, gracias a la colaboración de la Agencia Tributaria, detuvo ayer a 30 personas como presuntos integrantes de dos organizaciones criminales acusadas de defraudar 120 millones de euros en el sector de los hidrocarburos, según fuentes policiales, mediante la compra de grandes cantidades de gasóleo y gasolina, de las que eludían el pago del IVA, para venderlas así posteriormente a precios que no tenían competencia.


Según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado, las 30 personas detenidas están acusadas de delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, contra la libre competencia, contra la Hacienda Pública y falsedad documental. Además, los agentes han realizado 23 registros en domicilios y empresas del entramado, en los que se han intervenido bienes por valor aproximado de más de 55 millones de euros.


La «operación Bashnya» se desarrolló en España, Portugal y Suiza, y se inició en febrero del pasado año, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de un posible fraude en el sector de los hidrocarburos cometido por dos organizaciones criminales. Así, las investigaciones de la Agencia Tributaria arrancan como consecuencia de las investigaciones de los servicios de Inspección de las delegaciones especiales de la Agencia en Cataluña y Madrid. Bajo la coordinación de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), se descubre la existencia de dos tramas organizadas para defraudar el IVA en la distribución de gasolinas y gasóleos.


Tras una serie de actuaciones inspectoras, la Dependencia Regional de Recaudación procedió al embargo de bienes y derechos por valor de 15 millones de euros. Estas actuaciones coinciden con otras llevadas a cabo en paralelo por la Guardia Civil con la colaboración de la Hacienda Foral de Navarra.


Las organizaciones investigadas han operado durante cuatro años en el sector de los hidrocarburos (gasolinas y gasóleos) en Cataluña, la zona centro peninsular y Galicia. Para dar una apariencia de legalidad y obtener el permiso para operar en el mercado español, se presentaban ante la Administración de la mano de personas de reconocido prestigio en el sector. Los integrantes de estas redes intentaban controlar las gasolineras vendiendo a precios sin competencia los hidrocarburos que comercializaban y creaban paralelamente «brookers» internacionales para su adquisición. Esto les permitía controlar la entrada de hidrocarburos en territorio nacional, su distribución y posterior venta al por menor. Eludían el pago del IVA y aportaban declaraciones falsas ante Hacienda. Al ahorrarse tanto dinero entonces podían vender sus productos a precios muy bajos y sin competencia.