La acusación particular pide cinco años de cárcel para el funcionario de prisiones J. V. M. R., al que considera responsable de un delito de torturas. En la noche del 20 de enero de 2012 el imputado ató de pies y manos a un preso discapacitado -D. G. P., con una incapacidad del 73 por ciento debido a un ligero retraso mental y una enfermedad psíquica-, le golpeó varias veces, le insultó gravemente y le amordazó, según sostiene la acusación ejercida por la familia del recluso, bajo la dirección letrada de José Manuel Fernández González.
A lo largo de este año, han ido declarando en el Juzgado número 4 de Oviedo, del que es titular la magistrada María Luisa Llaneza, tanto el funcionario imputado como varios de sus compañeros y algunos reclusos que asistieron a lo ocurrido el año pasado.
El funcionario en cuestión, defendido por el abogado Juan Manuel Baliela, ha negado los hechos por activa y por pasiva, aunque varios testimonios de reclusos apoyan las imputaciones de la acusación particular. Uno de los presos, coordinador en la enfermería, indicó que sobre las nueve de la noche subieron a D. G. P. y fue atado de pies y manos, tanto por el funcionario imputado como por la médico y otro preso. Una hora después, el funcionario subió a la celda y golpeó en la cabeza dos veces a D. G. P., siempre según el anterior recluso. Volvió a subir después de la una de la madrugada. El preso atado estaba gritando y recibió varios puñetazos, al tiempo que le llamaba "mierda" y "maricón".
Una mordaza
Sobre las tres de la mañana volvió a subir el funcionario, esta vez para amordazar al preso, contra el criterio del jefe de servicio, según declaró éste en el Juzgado número 4. Fue en ese momento cuando le puso la rodilla sobre la espalda. La acusación había denunciado que el funcionario llegó a sentarse sobre la cabeza del preso. Poco después de las cuatro y media de la madrugada se habría producido el último incidente. El funcionario habría subido con un "tolete" y habría golpeado al preso indefenso por espacio de diez minutos, siempre según el recluso que declaró como testigo. Otros dos presos indicaron que el funcionario había llamado "perra" y "chivata" al preso, mientras le golpeaba.
Una vez concluida la instrucción del caso, corresponde ahora al ministerio público presentar su calificación de los hechos, momento en el que la acusación particular presentará su escrito solicitando cinco años de prisión.
