Los cuatro integrantes de una banda que robó 22 motos en Oviedo, Gijón y Granda se repartirán penas que suman nueve años y cuatro meses de cárcel, la mitad de los que le pedía la Fiscalía. La sentencia, emitida ayer en el juzgado de lo penal número tres de Oviedo, establece una condena para el cabecilla de la trama, P. R. G. D, de 4 años y 10 meses por varios delitos, entre ellos pertenencia a banda criminal, robo continuado con fuerza, falsedad y salud pública. Además, tendrá que pagar multas en una cantidad que se acerca a los 31.000 euros.

Esta es la única persona que entrará realmente en la cárcel, en la que ya está por un delito antiguo B. C., otro de los condenados, que debe afrontar una nueva condena de dos años por delitos de pertenencia a grupo armado y robo con fuerza. En estos dos casos, la juez tuvo en cuenta un informe médico que alertaba que ambos tenían adicción a las drogas, lo que le mermaba sus facultades.

El tercer miembro de la trama, A. A. Q., está condenado a dos años de prisión por los delitos de pertenencia a grupo criminal y falsedad, además de a una multa de nueve meses a dos euros al día. La cuarta persona fue condenada a seis meses de cárcel por un delito de hurto.

Los hechos fueron conocidos por la Policía en marzo de 2012, cuando se descubrió a una banda dedicada al robo de motos de gran cilindrada, que posteriormente sacaban al mercado tras cambiarles la cara y el número de bastidor. La banda robó hasta 22 motocicletas en Gijón, Oviedo y Granada.

El grupo actuaba de forma organizada y coordinada, teniendo cada uno una función concreta. Estaba dirigido por un individuo que presidía una asociación dedicada, entre otras cosas, a la organización de competiciones paralelas a la Federación Española de Motociclismo. El acusado era propietario además de una sociedad con negocios de compra-venta y reparación de motos.

Tres de los encausados arramblaban con las motos para llevarlas posteriormente a talleres clandestinos, donde modificaban el número de bastidor para impedir su identificación. Al mismo tiempo, compraban otras similares, de la misma marca y modelo en estado de siniestro pero con la documentación en regla, para utilizar su número de bastidor. Así, conseguían una apariencia de legalidad con la que dar de alta la moto sustraída y venderla a terceros, repartiéndose las ganancias obtenidas.