La denuncia de un vecino de Tineo ha permitido a la Guardia Civil de Oviedo desarticular una red que ha estafado más de 1,2 millones de euros a pequeñas y medianas empresas a las que ofrecía créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que nunca llegaban a percibir. En el marco de la "operación Antílope", desarrollada por la Policía judicial de las comandancias de Oviedo y La Coruña, han sido detenidas diez personas e imputadas otras 19 por los delitos de pertenencia a organización criminal y estafa. La Guardia Civil ha constatado por el momento que han sido estafadas un total de 178 pequeñas y medianas empresas, aunque se teme que su número pueda ser mucho mayor.

La investigación se inició tras la denuncia interpuesta por un vecino de Tineo, en la que refería haber sido víctima de una estafa por importe de 1.200 euros, cantidad económica que habría abonado a unas empresas ubicadas en las ciudades de Madrid y La Coruña. Tras contactar con estas empresas a través de internet, le habían asegurado que le conseguirían un crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Tras las primeras averiguaciones, se constató la existencia real de las empresas, que contaban con una impecable página web y una imagen corporativa muy cuidada. Las empresas ofrecían tramitar la concesión de subvenciones, financiaciones y créditos.

Los agentes localizaron a un elevado número de personas repartidas por todo el país que aseguraban haber sido víctimas de estafas en circunstancias similares. En la mayoría de los casos, los solicitantes quedaron en una situación económica límite, al haber tenido que hacer un importante desembolso económico para la tramitación de los créditos, que se les presentaban como una solución económica y que nunca se les llegaron a conceder.

Los presuntos estafadores solicitaban entre 900 y 1.900 euros en concepto de asesoramiento. Todos los estafados coincidieron en la descripción del modo en el que habían sido captados por parte de una empresa, ubicada en una céntrica calle de la capital de España, con la que habían contactado a través de internet.

Los operarios de dicha empresa, tras mantener conversaciones telefónicas e intercambiar correos electrónicos con los clientes potenciales, les aseguraban la fácil concesión de los créditos por importes variables. En concepto de "asesoramiento" y "gastos de gestiones", solicitaban las ya citadas cantidades de dinero.

Una vez que los interesados accedían a la contratación de los servicios ofertados, tras realizar los correspondientes ingresos o transferencias económicas en una cuenta bancaria de la empresa de Madrid, eran derivados automáticamente a otra empresa situada en La Coruña, que se encargaría de la tramitación de los créditos.

En esta última empresa, las facilidades de los pasos anteriores se convertían en una desmesurada y sucesiva petición de documentos para llevar a cabo las solicitudes. Estas gestiones llegaban a demorarse en el tiempo hasta el punto de que en unos casos se extinguían los periodos contratados por los clientes y en otros estos mismos desistían de los servicios contratados, cansados de reunir y remitir tanta documentación.