Un empresario de nacionalidad china y propietario de un bazar oriental en La Felguera (Langreo) será juzgado en septiembre acusado de presunta explotación laboral. La Fiscalía solicita dos años de prisión, igual que una de las acusaciones particulares, mientras que la otra eleva la solicitud hasta los tres años. El acusado ya fue condenado por un Juzgado de lo Laboral a abonar a una de sus empleadas 17.000 euros correspondientes al abono de horas extraordinarias y la categoría laboral. Su abogado, Eduardo Andrade, negó taxativamente las acusaciones y aseguró que el caso se reduce a un exceso de horas extraordinarias impagadas.

El juicio se tenía que haber celebrado ayer en la Audiencia Provincial, pero se suspendió al no asistir tres testigos que tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares consideran fundamentales para probar la supuesta explotación laboral.

Según el fiscal, el propietario del bazar oriental ubicado en la calle Alfonso Argüelles de La Felguera contrató en febrero de 2013 a dos mujeres, que firmaron un contrato con una jornada laboral de 40 horas semanales y un salario de 700 euros netos al mes, además de dos pagas extraordinarias.

Pese a estas condiciones, y siempre según la Fiscalía, el acusado les impuso obligatoriamente trabajar de lunes a sábado, además de los domingos y festivos que abría, en horario de 9.30 a 14.30 horas y de 16.30 a 21.30 horas. Además, les negaba el derecho a vacaciones y permisos, y les descontaba del salario los días de baja. Tampoco les abonaba las pagas extraordinarias comprometidas. Ambas asumieron las condiciones, según el fiscal, por miedo a perder su permiso de residencia y porque necesitaban el dinero para subsistir.

El acusado contrató en noviembre de 2013 a otra mujer en idénticas condiciones a las anteriores. Le imponía trabajar 10 horas al día sin vacaciones, bajas, ni permisos, y además le abonaba cantidades inferiores a las que figuraban en la nómina. Según la Fiscalía, le pagaba 600 euros que le entregaba en un sobre, no por trasferencia bancaria. Al parecer, esta mujer aceptó porque necesitaba el trabajo para mantener el permiso de residencia y el dinero porque tenía que alimentar a sus hijos.

Hubo otra contratación más, y como en los anteriores casos, la mujer aceptó porque necesitaba el dinero para enviárselo a su hijo en Cuba.

Una de las ahora exempleadas decidió denunciar las condiciones y ganó el juicio, con lo que el empresario tuvo que abonarle más de 17.000 euros. Pero la mujer considera que no es suficiente y decidió sumarse a la demanda penal de una de sus excompañeras.

El letrado de la defensa, Eduardo Andrade, negó tajantemente las acusaciones. "No es un asunto de explotación laboral ni mucho menos. Es un tema de horas extraordinarias que no se han abonado. Como el empresario es una persona de nacionalidad china, parece que tenga a las trabajadoras encerradas y en malas condiciones. Y no es así. Estaban dadas de alta en la Seguridad Social, con su contrato laboral y sus condiciones reconocidas". También añadió que una de ellas "ganó en los Juzgados su reclamación laboral y se le abonó. Pero de ahí a que haya explotación laboral, hay un trecho enorme".

Los abogados de las dos acusaciones, José Luis León y Beatriz Díaz Fernández, eludieron entrar en detalles y guardar su estrategia para la celebración del juicio. Pero ambos coincidieron en señalar que "todos los indicios y las pruebas apuntan a que hubo explotación laboral". Añadieron que las declaraciones de las dos exempleadas que ayer no comparecieron son fundamentales para demostrar sus acusaciones, y que por eso se solicitó ayer la suspensión de la vista.