Josefa Hernández, Fefa, la abuela de Fuerteventura, pasó ayer su segunda noche en libertad, después de una pesadilla de tres días en la cárcel de Tahiche, en Lanzarote, por negarse a derribar parte de una casa levantada en un parque rural, en la que pretendía albergar a sus nietos. El caso de la abuela Fefa, defendida por el abogado ovetense radicado en la isla canaria Andrés Briansó, tiene cierto parecido con el de Manuel del Dago, el millonario de Cangas de Onís que pasó diez días en la cárcel de Soto del Real (Madrid) por ampliar unas cuadras en el parque nacional de los Picos de Europa. En ambos casos, ampliaron sus propiedades sin imaginar que estaban delinquiendo. Estas dos personas mayores han tropezado, por así decirlo, con el mismo ladrillo o, mejor dicho, con el rigor de una ley que no se aplica a todos con la misma severidad.

Y es que "en la isla existe gran cantidad de chalés, hoteles de ocho plantas y urbanizaciones en espacios protegidos, pero la ley es mucho más lenta con estas construcciones. El propio presidente del Cabildo tiene un chalé sin licencia. Ahí se ve quién cuenta con buen asesoramiento", asegura Andrés Briansó, un ovetense que recaló en Fuerteventura por las olas y ha acabado ejerciendo de abogado en la isla. Se topó con el caso de Fefa hace pocas semanas, cuando era ya un poco tarde y la abuela se había quedado casi sin opciones para eludir la cárcel. Ayer, viernes, el Gobierno terminó aprobando el indulto de Fefa, de 62 años, pero ya el día anterior, la Audiencia Provincial de Las Palmas había decidido anular el auto de ingreso en prisión de la mujer, con la condición de que derribe la parte de la casa declarada ilegal en el plazo de tres meses... y que no vuelva a delinquir en cinco años.

"Ahora nos urge encontrarle una vivienda en condiciones", asegura Briansó, consejero de Podemos en el Cabildo de Fuerteventura y que tramitó el indulto para Fefa, recogiendo más de 100.000 firmas a favor de que eludiese la cárcel. La otra solución, que sería legalizar la vivienda, no le parece factible a este letrado. "Podría sentar un precedente peligroso en la isla", estima. Y es que el resto de propietarios de construcciones ilegales tiraría de ese hilo para saltarse la ley a la torera, de forma aún más grave.

La abuela de Fuerteventura y el millonario de los Picos comparten orígenes humildes, aunque a Manuel del Dago, que fue pastor hasta los 10 años, le fuese infinitamente mejor al otro lado del charco, donde tiene intereses en barcos, puertos y astilleros. "Fefa llegó hace años desde Lanzarote con sus siete hijos, y edificó en terrenos heredados de sus padres, donde había restos de una casa y unos corrales. Hace 16 años edificó de forma más estable. Fue entonces cuando el Seprona la denunció. El propio Ayuntamiento de Betancuria colaboró en el arreglo de un techo, con dinero del Cabildo, por el bien de los niños. Eso, a esta gente, que es muy humilde, les daba cierta impresión de legalidad. La última sentencia para el derribo de la ampliación de la vivienda data de marzo 2012. No eran conscientes de la gravedad del caso hasta que se encontraron con la ejecución del ingreso en prisión", relata Andrés Briansó.

En 2012 fue condenada a seis meses de cárcel por edificación ilegal, pero le dejaron la condena en suspenso con la condición de que derribase la parte ilegal de la vivienda. La juez consideró luego a la abuela como "rebelde", no sólo por no haber derribado la ampliación, sino por haber seguido realizando obras de mejora, y dejó sin aplicación la suspensión del ingreso en prisión. "Nadie está libre de terminar en la cárcel por una condena de seis meses", cree Briansó.

En el caso de Manuel del Dago, lo que le perdió fue su deseo de arreglar las cabañas en las que había pasado parte de su infancia cuidando el ganado, en Covaraña, a las que le gusta regresar hoy en día, convertido en un millonario que vive a caballo de Barranquilla (Colombia) y Miami (Estados Unidos).

El hombre aumentó el volumen de las dos cabañas, las hizo habitables -como ocurre en cincuenta de las noventa cabañas del parque nacional que han sido rehabilitadas- y contó con parte de los permisos necesarios, aunque no atendió a varias modificaciones exigidas, y eso dio lugar a un proceso judicial en 2010, al que no prestó la atención suficiente. "Soy el responsable de los errores aunque no los haya cometido yo", indicó este hombre de 88 años en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA. Del Dago admitió que la parte de responsabilidad que le correspondía era por haber dejado encargado del asunto a un familiar, ya que pasa la mayor parte del tiempo fuera de Asturias atendiendo sus negocios.

El pasado mes de febrero, cuando regresaba a España, fue detenido y encarcelado en Soto del Real por el impago de la multa de 144.000 euros que le impusieron en sustitución de los seis meses de prisión a los que fue condenado por edificación ilegal. Estuvo diez días. Al final depositó la multa, que la Audiencia Provincial terminó reduciendo a la mitad. Y tuvo que iniciar el proceso para legalizar la edificación, que tenía para él un evidente significado sentimental.