La Policía Nacional e Inspección de Trabajo han desarticulado una red dedicada a vender permisos de residencia a inmigrantes y a cobrar subsidios a través de empresas ficticias con un desfalco de 700.000 euros, en una operación que se ha saldado desde el pasado julio con 75 detenidos y 32 imputados. La investigación se inició en 2014 al detectar una anomalía en la documentación presentada por una ciudadana rumana que solicitó prestaciones por desempleo con contratos cortos en varias empresas.