Sigifredo Á. G., presunto cerebro de la trama de fraude en la venta de 1.360 coches de lujo en Langreo, la llamada "operación Dasma", ha sido detenido recientemente, tras estar en busca y captura cuatro años. El sierense se encuentra ahora en la prisión de Soto del Real, donde ha sido requerido para que nombre abogado y presente su defensa. Con esta captura, se reactiva un juicio que ya estaba a punto de celebrarse en enero de 2011, pero que tuvo que posponerse al desaparecer el acusado. El juicio podrá celebrarse ahora en un Juzgado de lo penal de Langreo. Si es este año, habrán pasado diez desde los hechos. Los defensores plantearán atenuantes por dilaciones indebidas.
Las cifras del caso son mareantes. A los 18 acusados se les acusa de defraudar un total de 12 millones de euros. El ministerio público solicita seis años para cada uno, lo que hace 108 años de cárcel. También pide 12 millones de euros de multa para cada uno, 216 millones de euros en total.
Según el fiscal, los cerebros de la red, Sigifredo Á. G. y Antonio E. T., utilizaron una docena de empresas "trucha" (sociedades sin actividad) y cuatro compañías pantalla, en un segundo escalón, para evitar el pago de impuestos. Los vehículos eran transferidos, tras un tortuoso periplo, a distribuidoras que los vendían entre 6.000 y 12.000 euros por debajo del precio normal. El fiscal mantiene que estos dos implicados simularon que las operaciones de compra eran realizadas, no por ellos, sino por sociedades "missing trader" o "trucha", empresas de responsabilidad limitada de reciente creación, con capital cercano al mínimo exigido de 3.000 euros, y que, tras actuar en el mercado por breve tiempo, desaparecen, dificultando las reclamaciones. Una vez simulada la adquisición, continúa el fiscal, se finge la entrega de los vehículos a "sociedades pantalla" o "buffer", con emisión de una factura que consigna el IVA correspondiente a esta operación interior.
Para llevar a cabo este entramado, los dos cerebros pagaron al resto de los acusados determinadas cantidades para actuar como administradores y socios de las compañías. Esto ocurrió en 2004, pero a partir de 2005, los dos acusados utilizaron los nombres de personas cuyos documentos de identidad habían llegado a su manos por haberlos perdido sus propietarios o habérseles robado. También se utilizó a insolventes y toxicómanos a cambio de pequeñas cantidades de dinero. Cada una de las empresas defraudó entre 50.000 y 800.000 euros. Sigifredo Á. G. figuraba como un simple trabajador. El fiscal entiende que los acusados (defendidos entre otros por Fernando Barutell) incurrieron en dos delitos fiscales.
