La magistrada del Juzgado de Instrucción de Cangas de Onís ha decretado una medida de alejamiento del Hospital del Oriente, en Arriondas, y de las víctimas a la técnica de laboratorio del servicio de Urgencias del centro que supuestamente trató de envenenar a dos compañeros de trabajo diluyendo restos de muestras en sus botellas de agua, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. La mujer, de 43 años y residente en Arriondas, fue detenida por la Guardia Civil el cinco de octubre, pero ha quedado en libertad con cargos a la espera de juicio. Se la acusa de los delitos de lesiones, daños y contra la seguridad colectiva, según fuentes del Instituto Armado.

No obstante, la gravedad de estos delitos podría variar en función de los resultados que obtenga el Instituto de Toxicología, en Madrid, que está analizando las muestras y determinará qué sustancias son las que echaba en el agua de las botellas de sus compañeros afectados. Las víctimas se encuentran de baja médica, al igual que la presunta envenenadora y su esposo, también trabajador del hospital.

Si los análisis demostraran que los restos de laboratorio utilizados pudieran ocasionar un daño grave a la salud, los delitos que se le imputan podrían ser otros y más graves. Por fortuna, las víctimas no han precisado hospitalización, aunque sus allegados aseguran que les está resultando bastante duro superar lo ocurrido. Les ha afectado psicológica y físicamente.

La Guardia Civil sospecha que la trabajadora sanitaria contaminaba la bebida con reactivos, deshechos o pruebas de laboratorio. Fuentes cercanas al caso añaden que estas sustancias daban al agua un color oscuro, sanguinolento, y un sabor "extraño", que fue lo que puso en alerta al personal del laboratorio, que también empezó a notar que alguien estaba manipulando los equipos y reactivos para la realización de análisis, por lo que las víctimas interpusieron una denuncia en junio para que se aclarase lo que estaba ocurriendo.

La policía judicial de la Guardia Civil de Llanes fue la que se hizo cargo de la investigación y decidió colocar cámaras ocultas en la zona de trabajo a principios de verano. Las grabaciones no dejaron lugar a duda y pudieron determinar cómo actuaba la acusada. Lo hacía de forma aleatoria y no tenía una pauta temporal, pero habitualmente actuaba durante los turnos de tarde o noche, que son en los que menos personal hay y se sentía menos vigilada. Ella trabaja en el laboratorio asignado al servicio de Urgencias del hospital y quienes la conocen aseguran que es una buena profesional. Hay constancia de que llegó a manipular hasta diez botellas, según fuentes próximas.

El abogado que lleva su defensa rechaza realizar declaraciones argumentando que "la instrucción es incipiente y la investigación está en curso". También matiza que "no hay constancia de que haya envenenamiento".

Ni los responsables de la consejería de Sanidad, ni la gerencia del hospital se han pronunciado, como tampoco ha hecho el comité de empresa.