María S. G., una vecina de Salinas, iba a heredar una casa de 400.000 euros, pero había un obstáculo insalvable: tenía que pagar 70.000 por el impuesto de sucesiones. Llevaba peleando por su herencia mucho tiempo, incluso en los tribunales, pero ahora corría el riesgo de quedarse sin ella. Pidió ayuda a los bancos, pero tanto ella como su marido cobraban una pensión exigua, por lo que les denegaron un préstamo. Recurrió entonces a Ana Isabel C. F., una langreana que ofrecía servicios financieros. "Vino a mi casa y me dijo: 'No te preocupes, que esto te lo arreglamos'. Cuando fuimos al banco me pidió que no abriera la boca, que podía echar a perder la operación. Del dinero del préstamo no vi un duro", aseguró, en el juicio celebrado ayer en la Sección Tercera de la Audiencia. La mujer, asistida por José Antonio Yáñez, pide ahora seis años de cárcel para Ana Isabel C. F. (el fiscal solicita tres) porque ésta tramitó en el banco un préstamo por una cantidad superior a la que la víctima necesitaba para pagar el impuesto (y otros gastos, como el coche de su hija), se le transfirieron 36.000 euros y encima no pagó 7.000 euros a un abogado de Avilés (el que había gestionado la herencia), a lo que se había comprometido. El abogado terminó demandándola y embargándola.
La acusada, que paga en prisión una condena de cuatro años por estafa, negó haber timado a nadie. Defendida por Ignacio Nieto, aseguró en la vista que el dinero transferido correspondía a sus honorarios por tramitar el préstamo y por otro que ella había hecho a la denunciante para sacarla del archivo de morosos. Para poder cobrar ese dinero hizo unas facturas proforma por unas obras inexistentes que según la acusación particular suponen una falsificación. Su empresa no tenía actividad y estaba a nombre de su madre, con trastorno bipolar.
