La Audiencia ha decido mantener las imputaciones en el caso del vídeo sexual que se grabó en las fiestas de San Timoteo de Luarca de 2010 sin consentimiento de los protagonistas. La Sala entiende que la resolución de la juez de Luarca por la que se incoan diligencias previas y se cita a declarar a 23 personas como imputadas es ajustada a derecho. De este modo, los jóvenes a quienes en su día llamó a declarar la juez de Luarca se mantienen como imputados o investigados en el caso, y el proceso para determinar si hay o no delito en la acción de compartir el vídeo a través de internet y de aplicaciones como Whatsapp sin expreso deseo de la pareja sigue adelante.

Los hechos tuvieron lugar el 22 de agosto de 2010, durante la romería de San Timoteo. La pareja, una naviega y un gijonés, declaró a la juez de Luarca que se desplazó a un lugar alejado de la fiesta para tener un encuentro sexual y que en ningún momento advirtió que estaba siendo grabada. Tampoco autorizó la difusión del vídeo por ningún medio, según su testimonio. Pese a ello, fue grabada y las imágenes se distribuyeron sin que conste que la pareja diera su autorización. Para investigar los hechos y tras la denuncia de los afectados, se interrogó a más de cien personas.

Finalmente, se imputó a veintitrés jóvenes. Parte de ellos recurrió esta resolución, pero la Audiencia considera que es justo continuar con el proceso para que estas personas investigadas puedan dar las explicaciones oportunas.

Motivación

El auto también dice, frente a lo que entienden los recurrentes, que la resolución está motivada, que no procede en este momento del proceso cuestionar el principio de presunción de inocencia, que hay indicios para que el caso pueda ser investigado y que el criterio para las imputaciones corresponde al instructor. También invita a las partes procesales a solicitar la imputación de personas cuya acción en este caso creen que debe investigarse.

El deseo de los denunciantes y afectados es llegar hasta el final. Al menos así lo confirmó en más de una ocasión la letrada que defiende a la joven naviega, Anabel Prieto. Los imputados reconocieron ante la Guardia Civil que distribuyeron el vídeo. Parte de los que están imputados conocían a la chica, que está a tratamiento psicológico y ahora tiene otra pareja. El joven vive fuera de España, según fuentes conocedoras del caso. Los delitos contra la intimidad de las personas pueden suponer penas de entre uno y cuatro años de cárcel.