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Absuelta por falta de pruebas la rumana acusada de proxenetismo

La Audiencia considera que se han ratificado las acusaciones de las víctimas, que no se presentaron ante el tribunal

09.03.2016 | 02:29

La ausencia de las víctimas que denunciaron haber sido explotadas en dos clubes de alterne de Oviedo y Fonciello (Llanera) ha motivado que la sección tercera de la Audiencia haya terminado absolviendo a la rumana Nicoleta Gabriela B., para la que el ministerio público solicitaba una condena de seis años de prisión por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros con ánimo de lucro y otro contra los derechos de los trabajadores. La defensa, a cargo de Francisco Pérez Platas, pedía la nulidad de las actuaciones por considerar que las grabaciones que supuestamente implicaban a su cliente no se habían realizado legalmente, y por otro lado la libre absolución, al entender que en el plenario no se habían corroborado las acusaciones.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Javier Rodríguez Luengos, señala que, "pese a lo argumentado por el fiscal, en tanto que las declaraciones testificales en sede policial no han sido ratificadas o han sido rectificadas en el juicio oral, no existe en este caso ninguna prueba de cargo incriminatoria contra la acusada que justifique una sentencia condenatoria". Añade que "aún admitiendo que las reprobables actividades desarrolladas lo fueran en los locales de alterne que nos constan o que uno de ellos fuera titularidad de una sociedad en la que figuraba la acusada o que ésta estuviera casada y conviviera con quien los regentaba o que fuera incautado en el domicilio que compartían documentación relativa a su llevanza o que preguntara a su marido cómo iba el negocio en alguna ocasión, pues eso simplemente no conlleva necesariamente que tuviera conocimiento de las condiciones de entrada y trabajo de las extranjeras que en ellos se prostituían por necesidad". La fiscal indicó en el juicio que los policías que tomaron declaración a las víctimas ratificaron que las denuncias habían existido. Este caso, que data de 2005, generó cierta polémica, ya que algunas asociaciones de apoyo a víctimas se quejaron de que se obligase a algunas de ellas a presentarse en el juicio.

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