Asturias tiene 864 personas inscritas en el nuevo registro central de delincuentes sexuales y que, por tanto, no podrán trabajar con menores. Es la cuarta comunidad con la cifra más baja. En el conjunto de España figuran 40.782 condenados por delitos sexuales, que incluyen agresión, abuso, prostitución, acoso, maltrato, exhibicionismo y corrupción de menores. También la trata de personas y delitos de pornografía.
El registro de delincuentes sexuales empezó a funcionar el pasado día 1 de marzo. A partir de ese momento, toda persona que quiera trabajar con menores, aunque sea en labores de voluntariado, debe presentar un certificado oficial que acredite que su nombre no figura en el listado y que, por tanto, no tiene antecedentes penales relacionados con delitos sexuales.
El acceso al listado de delincuentes sexuales está restringido a jueces y tribunales de cualquier orden jurisdiccional, a través del personal de la oficina judicial autorizado, al ministerio fiscal y a la Policía judicial en el ámbito de sus competencias.
El registro, integrado en el sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, incluye los datos relativos a la identidad y perfil genético (ADN) de las personas condenadas en sentencia firme por los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales y trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluida la pornografía, con independencia de la edad de la víctima, cuya identidad y datos personales no figuran, aunque se especifica si son menores.
La inscripción en el registro no es indefinida, sino que al pasar un tiempo determinado, en función de la gravedad del delito y de la condena, se borran del historial. Por ejemplo, los menores que sean condenados por un delito sexual dejan de figurar al cumplir los 28 años.
Cuando el condenado es mayor de edad pero la víctima es menor, la identidad del agresor y sus antecedentes permanecerán durante 30 años en el registro. Y si los dos son adultos, los plazos dependerán de la gravedad del delito y de la condena, pero en todo caso oscilará entre los seis años y los 30.
Quienes trabajen con niños en empresas privadas pueden solicitar el certificado por vía digital entrando en la página web del Ministerio de Justicia. En el caso de que el empleador sea la Administración pública es suficiente con otorgar un consentimiento por escrito para que el propio organismo pueda consultar la información en el registro.
El Ministerio de Justicia ha especificado que no es necesario presentar el certificado de que se carece de estos antecedentes penales cuando se va a optar al puesto de trabajo ni en los procesos de selección. Pero sí es obligatorio una vez que se han superado las pruebas y obtenido la plaza.
