La técnica de laboratorio del Hospital del Oriente, en Arriondas, que supuestamente contaminó el agua de las botellas de dos de sus compañeros el año pasado podría ser acusada, finalmente, de un delito de tentativa de lesiones. Los expertos no han logrado determinar si contenían restos biológicos de algún tipo, como se sospechó inicialmente. El agua tenía un color sanguinolento y, según el testimonio de las propias víctimas, también mal sabor y olor extraño. Por lo que los investigadores analizaron si estas muestras contenían algún tipo de virus, esputos, sangre, reactivos, desechos o restos de laboratorio, como se temía. Los análisis realizados al agua fueron exhaustivos y se desarrollaron por tres departamentos diferentes, uno de ellos en el Instituto de Toxicología, en Madrid.
Lo que sí concluyeron estas pruebas es que las muestras contenían algún ácido que pudiera causar lesiones en el aparato digestivo al ingerirlo. De ahí que la trabajadora, que sigue de baja médica, podría ser acusada de tentativa de lesiones. En su momento, la magistrada del Juzgado de Instrucción de Cangas de Onís decretó una medida de alejamiento del Hospital del Oriente, en Arriondas, y de las víctimas. Después de más de un año de que se conociera lo que presuntamente estaba ocurriendo en el laboratorio del servicio de urgencias del hospital, la mujer, de 44 años, continúa con su vida normal en la capital parraguesa, al igual que su esposo, también trabajador del centro hospitalario, y sus hijas. El resultado de los análisis hace pensar que la pena que se le pudiera imponer a la acusada sería inferior a dos años de cárcel. Aún está pendiente de juicio y la investigación está bajo secreto de sumario. El resultado de los análisis está en manos del médico forense desde hace unas semana, que será quien emita el informe pertinente, que condicionará la petición de la Fiscalía.
La mujer fue detenida por la Guardia Civil el cinco de octubre del año pasado, pero quedó en libertad con cargos a la espera de juicio. Entonces se le acusó de los delitos de lesiones, daños y contra la seguridad colectiva. No obstante, la gravedad de estos delitos podría haber variado en función de los resultados del Instituto de Toxicología, en Madrid, dependiendo de las sustancias que pudieran haber encontrado en el agua de las botellas de sus compañeros afectados. Si hubieran demostrado que los restos de laboratorio utilizados pudieran ocasionar un daño grave a la salud, los delitos que se le imputarían serían más graves. Por fortuna, las víctimas no precisaron hospitalización, pero les afectó bastante psicológica y físicamente.
Fueron sus víctimas quienes interpusieron una denuncia en junio para que se aclarase lo que estaba pasando en su lugar de trabajo. La policía judicial de la Guardia Civil de Llanes fue la que se hizo cargo de la investigación y decidió colocar cámaras ocultas en la zona de trabajo a principios de verano.
Las grabaciones no dejaron lugar a duda y pudieron determinar cómo actuaba la acusada. Lo hacía de forma aleatoria y no tenía una pauta temporal, pero habitualmente prefería los turnos de tarde o noche, que son en los que menos personal hay y se sentía menos vigilada. Ella trabaja en el laboratorio asignado al servicio de Urgencias del hospital y quienes la conocen aseguran que es una buena profesional. Hay constancia de que llegó a manipular hasta diez botellas, según fuentes próximas a la investigación.
Se da la circunstancia de que en esa época una de las víctimas ascendió y supuestamente ese puesto iba a ser para la acusada. Allegados de esta última denuncian el tenso clima laboral del laboratorio y muchos compañeros apoyan a la mujer, muy querida en su entorno y a quien la mayoría definen como una mujer y compañera ejemplar. De ahí que se les escape las razones para comprender lo ocurrido.
