Un joven de 21 años se enfrenta a cinco años y medio de cárcel por un accidente de tráfico registrado en Figueras (Castropol) en diciembre de 2014 en el que perdió la vida un motorista de 82 años. El fiscal le atribuye un delito de homicidio imprudente y otro de omisión de deber socorro (según el atestado, el joven huyó e intentó ocultar los daños del vehículo). El conductor dio positivo en drogas y alcohol, según las acusaciones. El juicio, señalado para ayer en el Juzgado de lo Penal número 2 de Avilés, se suspendió tras presentar en el último momento la defensa un segundo informe sobre el accidente. La vista se celebrará finalmente el 6 de marzo.
El siniestro se produjo a las 8 de la mañana del 7 de diciembre de 2014 en la carretera Figueras-La Roda (AS-31). La Fiscalía sostiene que A. V. Á. iba en el coche de su madre a "velocidad superior a la permitida y sin precaución". En un tramo curvo, invadió el carril contrario y chocó contra el ciclomotor de un hombre de 82 años, que falleció en el acto.
El ahora acusado huyó tras recoger partes de vehículo de la calzada y sin interesarse por el estado de la víctima, tendida en la calzada. Y a continuación, prosigue el fiscal, se detuvo a un kilómetro y medio del accidente, en Salcedo, y llamó por teléfono a dos amigos para pedirles ayuda. "Creo que maté a un paisano... conducía un scooter y lo llevé por delante", les dijo textualmente, siempre según las acusaciones. Los tres, añaden, intentaron ocultar el coche en un camino agropecuario próximo a la Autovía. La Guardia Civil localizó una hora después del accidente al joven, que dio positivo en alcohol (0,44 miligramos de alcohol por litro de aire espirado) y anfetaminas.
La Fiscalía pide para A. V. Á. tres años y medio de cárcel por el homicidio imprudente, año y medio por el de omisión de deber de socorro y la prohibición de conducir durante cinco años. La acusación particular, que ejerce el letrado Juan Antonio Cruz Rodríguez en representación de la viuda y la hija de la víctima, la eleva a quince años de cárcel. La defensa solicita la absolución, y se apoya para ello en un segundo informe de un perito de parte. "Ese informe cambia el punto de colisión y descartaría la imprudencia grave por parte de mi cliente, pues demuestra que no invadió la calzada contraria", apuntó el letrado Miguel Suárez González. Las acusaciones piden entre dos y tres años de cárcel y multas de 2.400 euros para los encubridores.
