El juicio al clan de los Mercheros de las Cuencas, que se desarrolló a principios de este mes en la sección segunda de la Audiencia Provincial, ha tenido un desenlace paradójico. Seis de los quince acusados, los de menos importancia en la red desarticulada en julio de 2010, han sido condenados a las penas que pactaron con el fiscal, que suman 16 años y nueve meses de prisión, mientras que los otros nueve, los que en teoría tenían un mayor peso y se enfrentaban a mayores penas, que no aceptaron acuerdo alguno, acaban de ser absueltos al considerar el tribunal que las escuchas que permitieron descubrir la trama no estaban fundamentadas. En cuando a los seis condenados, que eluden la prisión, el tribunal entiende que su confesión no queda invalidada por la ilegalidad inicial.

Los quince acusados se enfrentaban a penas que sumaban 87 años. Cuando la Policía desarticuló esta red en julio de 2010, tras una investigación de ocho meses, se indicó que eran responsables de introducir el 90 por ciento de la heroína que se consumía en Asturias y del 70 de la cocaína. Los resultados de la "operación Candil" fueron no obstante escasos: 2,1 kilos de heroína, 400 gramos de coca, un kilo de hachís y pequeñas cantidades de psicotrópicos, cristal, éxtasis y ketamina, así como 33.000 euros, armas y munición.

La autora del fallo, la magistrada María Luisa Barrio, no pone tanto el acento en la actuación policial como en la del Juzgado número 1 de Oviedo, que instruyó el caso. "Esta sala (...) ha de pronunciarse a favor de la nulidad de las resoluciones por las que se accedió a las intervenciones y no porque la información policial no resultase suficiente ab initio, sino porque la labor del instructor está en comprobar si las informaciones que proporcionan representan 'objetivamente' un sustrato que racionalmente haga pensar en la probable comisión de un delito, en la implicación en él de las personas cuyo derecho fundamental va a ser afectado y en la idoneidad de una intervención". La juez acuerda la nulidad "aunque suponga echar por tierra una complicada tarea de investigación y un laborioso enjuiciamiento". Entre los letrados que defendían a los acusados se cuentan Ricardo Álvarez-Buylla, Ana García Boto, Luis Tuero y Carlos Hernández Fierro.