Jesús Antonio Á. F. y José Manuel G. Á. aceptaron ayer, en el Juzgado de lo penal número 1 de Oviedo, penas que suman tres años y dos meses de prisión por tenencia ilícita y depósito ilegal de armas. El primero, al que se le imponen dos años de cárcel, era el dueño de un burdel de Arancinas (Tineo) y de una vivienda de Cangas del Narcea en los que se encontraron dos pistolas, un revólver, escopetas, carabinas y todo tipo de armas blancas, desde una bayoneta hasta una catana, así como un paralizador eléctrico.

El segundo de los acusados, que aceptó un año y dos meses de prisión, recibió del primero un revólver y un rifle, para los que carecía de la pertinente licencia. El fiscal Alejandro Cabaleiro informó favorablemente a la suspensión del ingreso en prisión de los acusados, siempre que éstos no vuelvan a delinquir en el plazo de cuatro años. El ministerio público accedió a rebajar las penas que solicitaba inicialmente -que sumaban cinco años de prisión- en atención a la falta de antecedentes penales de los acusados.

En marzo de 2015, la Guardia Civil encontró a los acusados en posesión de dos pistolas, dos revólveres, un rifle, cuatro carabinas, cuatro escopetas y una retahíla de armas blancas. La mayor parte de ellas pertenecía al dueño del club de alterne. Cuando se les detuvo, los agentes pensaban que se dedicaban a traficar con armas ilegales, aunque finalmente fueron acusados de simple tenencia ilícita. Aparte de las armas guardaban un montón de munición: hasta 653 proyectiles de todos los calibres y una mira telescópica.

Número de serie borrado

La "operación Maritornes" fue llevada a cabo por el equipo de investigación de Pravia, Cangas del Narcea y Tineo desde varios meses antes de los arrestos, tras detectar los agentes la posible venta de armas de fuego de procedencia ilegal en la localidad de Cangas del Narcea. Todas las armas de fuego intervenidas tenían borrado el número de serie y estaban preparadas para ser utilizadas en cualquier momento. Se creía que las armas iban a ser vendidas a delincuentes para cometer delitos.

El propietario del club tinetense carecía de licencia de armas, y el otro acusado sí la tenía, pero no para aquellas que se le encontraron, un rifle y un revólver. Aparte de las penas de prisión, a los acusados se les impone la prohibición de guardar o portar armas por un periodo máximo de seis años.