Una asturiana deberá responder pasado mañana ante el juez de las acusaciones de trato degradante a su abuelo, fallecido en abril de 2014 a la edad de 94 años. Unas acusaciones que ponen los pelos de punta, a la espera de que se concreten o no en los tribunales.

A la mujer se la acusa de hacer creer a su abuelo que tenía un tumor cerebral, de aislarlo y medicarlo por su cuenta, obligándole a ingerir fármacos que el anciano no necesitaba. El control también llegaba al campo económico. "Le manejaba las cuentas y disponía de su dinero; además le hizo creer que padecía un tumor cerebral, lo que motivó que le entregase de forma voluntaria a la acusada 45.000 euros para curarse", según el escrito de acusación. Los hechos sucedieron en Pravia, donde la acusada trasladó a su abuelo. El hombre había residido toda su vida en Villaviciosa, pero en febrero de 2014, tras haber sufrido una caída, la nieta lo convenció para cambiar de domicilio con el argumento -al parecer- de que debía ser cuidado de una grave enfermedad oncológica.

La calificación fiscal relata que el abuelo, nacido el 11 de febrero de 1924, era una persona con buena salud física. Padecía exclusivamente de insomnio y depresión a raíz del fallecimiento de su mujer, por lo que le habían sido pautados en el centro de salud de Villaviciosa determinados medicamentos, entre ellos el Orfidal y el Adiro.

La mujer deberá responder en el juicio que se celebrará en Avilés de la acusación de haber cambiado la medicación del anciano por su cuenta y riesgo. El fiscal concreta este punto. Entre otros fármacos la nieta le suministraba al abuelo dos pastillas de Orfidal por la mañana y otras dos a la hora de la merienda, así como tres gotas de Haloperidol tres veces al día.

El ministerio fiscal sostiene que la acusada privó al hombre de todo contacto con los familiares de Villaviciosa, así como de hablar con cualquier vecino.

En abril de 2014 la mujer contrató a una cuidadora. Es en ese mes cuando, según el relato del fiscal, se produce un hecho de fuerza contra el hombre, que fue atado e inmovilizado a la cama con ayuda de una sábana -siempre según el relato de la acusación- porque se negaba a tomar los medicamentos.

Una residencia

Una semana más tarde a este hecho, el 22 de abril, la mujer recibió una llamada telefónica en la que se le informaba de que su abuelo tenía ya adjudicada una plaza en la Residencia de San Francisco de Villaviciosa, por lo que debía ser trasladado a la misma.

Ese mismo día la mujer suministró la medicación habitual al abuelo, en dosis que la Fiscalía reconoce como de "rango terapéutico". A pesar de ello, "la unión de benzodiacepinas con barbitúricos, sustancias detectadas toda ellas por estudio toxicológico, provocaron en el anciano un efecto secundario de depresión respiratoria, lo que, asociado a su edad, le ocasionó la muerte a las cinco de la tarde de ese mismo día", concreta el ministerio fiscal.

La acusación considera que la muerte del hombre "no puede imputarse al actuar imprudente de la acusada", ya que las muestras detectadas en el fallecido "derivan todas ellas de medicinas prescritas por el médico y en cantidad no letal".

Pero la Fiscalía considera que los hechos "son constitutivos de un delito de trato degradante del artículo 173.1 del Código Penal" y solicita que se condene a la acusada a un año y nueve meses de prisión y a la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, además del pago de las costas procesales.