Un grupo de ONG españolas ha propuesto introducir cambios regulatorios para que puedan compartir más información sobre extrabajadores despedidos por casos de abuso o acoso sexual, unos datos que actualmente no pueden proporcionar si otra organización les pide referencias, porque -argumentan- lo limita la ley de Protección de Datos. Esta demanda surge después de que haya salido a la luz el escándalo de Oxfam Reino Unido en Haití. También reclaman que no se juzgue a todo el sector por unos casos "minoritarios".