Ana Julia Quezada iba insultando al niño Gabriel Cruz mientras trasladaba el cuerpo poco antes de ser arrestada en la localidad almeriense de Vícar, donde residía con el padre del pequeño. Los agentes lo saben porque instalaron un micrófono en su coche. La transcripción de esas grabaciones fue lo que retrasó un día el ingreso en prisión de la presunta asesina de Gabriel. El juez del caso, Rafael Soriano, hace referencia en el auto de prisión a las "expresiones vejatorias" de la mujer hacia el cadáver mientras lo trasladaba. Además, señala que la dominicana de 43 años cavó un hoyo "previamente" a la muerte del menor y luego quiso deshacerse del cadáver en un invernadero, lo que echa por tierra su versión de que la muerte se produjo durante una discusión con el niño.
Para el juez, la mujer trazó un "macabro plan criminal" y luego se intentó dotar de una coartada, que las pruebas desmontan. "Resulta incuestionable la participación de la detenida en la muerte del menor", añade. El juez indica que Ana Julia "dio una falsa apariencia de preocupación por la desaparición y suerte del niño", al que se llevó "mediante engaño o promesa de devolverlo prontamente a jugar". Y también "mantuvo el engaño a lo largo de los días, aumentándolo hasta el punto de colocar ella misma una camiseta del menor en el monte", subraya el juez, lo que achaca a su deseo de "despistar a los agentes de la autoridad que practicaban la búsqueda" hasta encontrar el "momento" de poder "hacer desaparecer el cuerpo".
La mujer "aprovechó un momento temporal en que sabía que iba a estar a solas con el niño", al que mató asfixiándole, y destaca que enterró su cuerpo sin vida en un "hoyo que previamente había hecho con una pala". "Las pruebas revelan, presuntamente, una falta de sentimientos y humanidad que ella misma ha calificado, que, de ser ciertas, serían de pura crueldad", remarca el juez.
El juez no habla de un móvil económico, pero todo apunta a él, según cree el criminólogo asturiano Víctor Márquez. Y lo infiere en base a la documentación que muestra que la mujer tiene contraída una deuda de unos 32.000 euros en la República Dominicana. Esta deuda podría haberla movido a hacer desaparecer al menor, con el fin de cobrar un rescate. Esto abriría por otro lado la puerta a la existencia de un posible cómplice.
El especialista colgó su teoría en la página web del Colegio de Criminólogos de Asturias. Según Márquez, "un posible secuestro para obtener una cuantiosa suma mediante el convencimiento a los padres por recibir información del posible paradero u otros que llevasen hacia alguna prueba del menor sería un posible móvil". El criminólogo cree que "el asesinato podría ser premeditado junto al secuestro ya que mantener al niño con vida hasta cobrar la posible recompensa, solo dificultaría el proceso y existiría un alto índice de riesgo a que fuese descubierta o posteriormente identificada. Es muy probable que utilizara las prendas del menor con objeto de confirmar una prueba a cambio de la recompensa, pero claro, para ello tendría que haber un cómplice".
