La mayor parte de los políticos asturianos harían muy bien en pensar y repensar lo que van a decir cuando de hablar de corrupción se trata. Porque es muy tentador arremeter contra los errores de los otros sin percatarse de que, a fin de cuentas, en un gran número de ocasiones, están tirando piedras contra su propio tejado, porque de las prácticas irregulares o ilegales no se salva ninguna fuerza en Asturias, salvo Ciudadanos. Las otras cinco con representación parlamentaria cuentan con algún tipo de actuación, como poco, nada ejemplarizante.
Es evidente que los mayores problemas los tienen los grandes partidos, los que en alguna ocasión ostentaron el poder en la autonomía o en las corporaciones locales. Es decir, el PSOE y el PP fundamentalmente. Pero Foro e IU también cuentan con sentencias condenatorias contra alguno de sus militantes y el líder del primero de ellos, Francisco Álvarez-Cascos, no es la primera vez que tiene que comparecer ante la Audiencia Nacional. Ni Podemos, el gran defensor de la pureza democrática y económica, se salva en Asturias de ese azote de las praxis poco o nada recomendables. Y sin haber llegado a gobernar. Porque, que se sepa, el líder del partido morado en la región, Daniel Ripa, continúa sin haber leído su tesis universitaria a pesar de haber recibido una beca-contrato de 60.000 euros, incumpliendo ampliamente los plazos estipulados.
Adriana Lastra (y es sólo un ejemplo), política al alza en el PSOE, miembro de la ejecutiva federal del partido y número uno en la lista asturiana al Congreso el 20-D, no dudó en atacar al PP y al exalcalde ovetense Agustín Iglesias Caunedo por el "caso Pokémon". Así, sin más, con una gran dosis de frivolidad, de ligereza, como si esto de la corrupción no tuviera nada que ver con los socialistas asturianos, como si no hubiera "mareas" o "villas". Y no percatándose, además, de que la juez de que investiga Aquagest también tiene en el punto de mira al Ayuntamiento de Avilés (sobre el que ha pedido más información) gobernado antes y ahora por el PSOE.
