La imputación de Agustín Iglesias Caunedo por el "caso Pokémon" llega en el peor momento posible para el PP asturiano, a sólo un mes de las elecciones generales. Pero no es sólo eso, es que de quien duda la juez encargada de investigar este escándalo, Pilar de Lara, es de uno de los pesos pesados de los populares de la comunidad, de alguien que fue alcalde de Oviedo hasta el pasado mes de mayo y todavía presidente de la junta local del partido en la capital del Principado. En las presuntas corruptelas en torno a la trama del agua hay implicados otros políticos del PP, pero ninguno de la entidad de Iglesias Caunedo.
La presidenta regional del PP, Mercedes Fernández, no ha parado de insistir en las últimas semanas (sobre todo desde que suscribió el pacto con el Foro de Francisco Álvarez-Cascos) de que es indispensable luchar cada voto, de que no se puede dejar pasar ni una sola oportunidad de llegar a los ciudadanos, de explicarles su programa. Evidentemente, la imputación judicial de un personaje de la relevancia del exalcalde de Oviedo (que sigue siendo portavoz del grupo municipal) no le ayuda en sus pretensiones. Todo lo contrario. Será una de las principales armas electorales del resto de los partidos de la región, excluyendo, por razones obvias, a Foro. Las referencias a este escándalo de aquí al 20-D serán continuas.
Pueden vestirlo como quieran, pero a la dirección regional del PP únicamente le vale la dimisión de Iglesias Caunedo. Es lo que desean que haga. Pero no parece que el hombre fuerte del partido en Oviedo -que dice sentirse perseguido- esté dispuesto a ello. No obstante, nada es descartable. Seguro que su formación va a intentar que pase a un segundo plano. Todo dependerá de quienes se pongan en contacto con él y de su capacidad de convencimiento. El caso, por su relevancia en Asturias a las puertas de unos comicios, probablemente acabe mereciendo la atención de alguno de los pesos pesados nacionales de la organización.
