Los ritmos de la comunicación son, a veces, un asunto difícil de comprender. Como lo es la atención prestada a mi tesis doctoral. Y el foco no ha estado, lamentablemente, en que se trata de una tesis íntegramente escrita en inglés en el Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo. Tampoco en su estructura expositiva o contenido académico. Aunque quienes participamos en proyectos de cambio hemos de asumir con naturalidad cualquier crítica, estos motivos me han decidido escribir este artículo.
Esta tesis partió de un contrato FICYT, uno de los escasos sistemas de financiación de la investigación que ha permitido a muchos jóvenes realizar investigaciones de impacto. Pero conviene aclarar que no se trata de un contrato para la culminación de una tesis, sino para impartir clases y producir conocimiento científico que beneficie al prestigio de la Universidad. Lo que financia es un proyecto de tesis y el aprovechamiento científico que conlleva, no la tesis en sí misma, por lo que está sujeto a informes semestrales de evaluación y seguimiento. Los contratos laborales para realizar estas funciones duran cuatro años y apenas superan los novecientos euros mensuales (y no sesenta mil euros), es decir, una mano de obra barata de cientos de jóvenes investigadores que cubren los recortes de investigadores y docentes.
En mi caso, hace semanas que terminé y entregué la tesis doctoral, el pasado 15 de octubre (aunque el 30 de septiembre, como publicó LA NUEVA ESPAÑA, envié el borrador a dos doctores de universidades extranjeras para optar al doctorado con mención internacional, que días después devolvieron con un informe favorable). Esa tesis fue autorizada para su defensa por el Departamento de Psicología el 17 de Noviembre. Guardé silencio hasta ahora porque, a pesar de que se ponía en cuestión mi reputación, no me pareció relevante convertir en noticia un asunto de mi vida profesional. Además, era necesaria la prudencia para que el Departamento de Psicología pudiera evaluarla imparcialmente sin estar en el foco mediático. Según el investigador Buela-Casal, sólo alrededor del 40% de las tesis doctorales comenzadas son finalmente terminadas. No es extraño, ya que se trata de un largo proceso. La Federación de Jóvenes Investigadores o Comisiones Obreras-Universidad han señalado que los contratos FICYT no establecen ningún plazo máximo ni obligación de presentación de las tesis, ni que la defensa de ésta deba ser anterior a la finalización del contrato, por lo que obviamente no se ha cometido ninguna irregularidad. Buena prueba de ello es que ni la Universidad ni la Consejería de Educación informaron negativamente ni han requerido información adicional.
Durante el contrato impartí cuatro asignaturas en las Facultades de Psicología y de Economía y Empresa y realicé estancias en alguna de las mejores universidades del mundo, con grupos de investigación que trabajaban con la Organización Mundial de la Salud o la Comisión Europea. Eso me sirvió para realizar una veintena de contribuciones científicas. Y, en determinado momento, me surgió la oportunidad de ampliar mi formación trabajando en la Organización de Naciones Unidas, así que pospuse la entrega de la tesis para incorporar ese trabajo. Es todo este bagaje el que me permite defender una tesis íntegramente en inglés con la seguridad de que estoy realizando una verdadera aportación científica. Me causa cierta tristeza que con estos ataques no se entre a valorar un trabajo académico al que he dedicado gran parte de mi vida.
Hay diputados en el Parlamento asturiano que nunca terminaron la licenciatura que empezaron (y que maquillan su currículum con el eufemismo de "estudios en"), y no porque la escasez de becas o la dificultad para compaginar estudios y trabajo les expulsara de la universidad, como a muchos jóvenes asturianos, sino porque su única carrera fue la política. También hay diputados, consejeros y ministros que nunca tuvieron un contrato laboral fuera del personal elegido 'a dedo' de la Administración y que sin embargo apoyaron reformas laborales que aumentan la precariedad de la mayoría de los trabajadores. Reformas que saben bien que nunca les van a afectar. Tampoco les pediría que devuelvan su sueldo de más de 4.000 euros mensuales, 4 veces más que los jóvenes investigadores de la Universidad de Oviedo, a pesar de que en muchos casos existe una amplia dejación de sus funciones. Por supuesto, hay que ser implacable en el control de los fondos públicos. Un ejemplo es el de José Ángel Fernández Villa, ex dirigente del PSOE, que se acogió a la amnistía fiscal de Montoro para regularizar cerca de un millón y medio de euros. Esos fondos mineros debían servir para financiar un nuevo modelo productivo asturiano y sin embargo desaparecieron, sin apenas beneficiar a las maltrechas cuencas mineras. Hablamos de muchos millones de euros despilfarrados y de un líder sindical investigado, un verdadero escándalo que se ha presentado como un caso aislado y no como un síntoma de un modelo de gobierno. Mientras, asistimos al posible cierre de Soft Computing, un centro de investigación abandonado por la antigua Cajastur y por el Gobierno asturiano, y vemos como treinta mil jóvenes asturianos excepcionalmente formados se han visto obligados a emigrar.
La Universidad también debe de estar sujeta al control, aunque no al uso electoralista. Y es que hemos visto casos de políticos, empresarios o destacados periodistas que realizan tesis doctorales contratando a empleados para hacérselas, o centros universitarios que tienen trabajando a doctores por 300 euros al mes. Un sueldo que no debería cobrar ningún trabajador o trabajadora en este país. No se me escapa, por supuesto, que el interés informativo que he recibido tiene que ver con mi actividad política. En cualquier caso, mi tesis, para la Asturias del cambio, es que podemos hacer que en las portadas de los periódicos dejen de tener protagonismo los sinvergüenzas y aparezcan las aportaciones de lo mejor de nuestra sociedad como, entre otras muchas cosas, nuestras investigaciones científicas.
