El Partido Popular es el responsable de la situación de Tragsa y tiene en su mano solucionarlo. Puede resolverlo si tiene voluntad y los populares asturianos tienen mucho que decir y hacer si de verdad quieren demostrar que su apoyo es sincero. No pretendo crear polémicas estériles, pero sí creo que cada uno debe asumir sus responsabilidades. Por eso no renuncio a explicar con claridad los hechos para que cada cual pueda hacerse su propio juicio. Por eso, permítanme que me detenga en algunos antecedentes.
En los últimos dos años, hemos asistido a un proceso de desmantelamiento del grupo Tragsa que, cabe recordar, es un grupo de empresas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con capital 100% público, dependiente de la Administración General del Estado. Es cierto que con los años de crisis llegaron las tensiones en la cuenta de resultados de forma importante, de manera que para el periodo 2014-2019 el Grupo preveía 64,3 millones de pérdidas en el conjunto del Estado; pero también es cierto que el mismo grupo prevé hacer unas reservas voluntarias de más de 261 millones de euros, por lo que apenas utilizando un 28% de éstas podría cubrir las previsiones de pérdidas.
Con estos mimbres, el grupo Tragsa inicia en el año 2013 una negociación para realizar un despido colectivo, el cual inicia, sin acuerdo con la representación de los trabajadores, y en base a la reforma laboral del PP. Hablamos del despido de 1.336 trabajadores con una indemnización de 20 días por año. Lo que sucede luego es que la Audiencia Nacional, en abril de 2014, anula el ERE. Y posteriormente, el pasado 26 de noviembre el Tribunal Supremo avala con su sentencia el despido de los 1.336 trabajadores.
Podríamos discutir sobre la injusticia que se produce exigiendo el esfuerzo y sacrificios a los trabajadores que están en producción y no a los que pertenecen a la estructura directiva, que durante estos años han seguido cobrando por objetivos cifras astronómicas. Pero quiero centrarme más en la situación de Asturias y en las últimas noticias al respecto, ya que la posición del PSOE sobre este ERE es clara y contundente a la hora rechazar el mismo. La situación antes descrita ha afectado a los trabajadores del grupo Tragsa que están en Asturias, y en estas últimas semanas se han producido despidos, lo cual ha traído reacciones políticas de algunos partidos que, cuanto menos, resultan sorprendentes en tanto que, en algunos casos, no pretenden más que tratar de disimular su responsabilidad.
La empresa Tragsatec recientemente ha realizado 18 despidos de veterinarios que vienen realizando las campañas de saneamiento ganadero en Asturias. Deseo dejar claro que para mí es muy importante que la campaña de saneamiento se realice con todo el rigor que merece para que sea posible continuar en la consecución del objetivo de reducir los índices de prevalencia de las enfermedades que afectan a nuestra ganadería. Pero quiero poner algo de relieve, y es que todo esto tiene relación con un debate que tuvo lugar en la Junta el 10 de marzo de 2005, donde por unanimidad se instaba al Gobierno de Asturias a buscar una solución al conflicto laboral que en aquella fecha afectaba a 52 veterinarios.
Dando cumplimiento al mandato de la Cámara, el Gobierno dictó una resolución en fecha 29 de septiembre de 2005 que daba estabilidad laboral a estos trabajadores con independencia de que empresa u organismo realizase las campañas de saneamiento. Hasta la actualidad, siempre se ha cumplido esta resolución y durante los años que la empresa Tragsatec se ha adjudicado el contrato para realizar las campañas de saneamiento, también. Por lo tanto, el Gobierno de Asturias ha cumplido.
La sorpresa viene cuando, entre los recientes despidos, se incluyen 18 trabajadores vinculados por la mencionada resolución. Es decir, que en la resolución aprobada por la Junta y que el Gobierno de Asturias llevó a la práctica figuraba expresamente esa estabilidad laboral de los trabajadores en los pliegos de prescripciones técnicas firmadas entre la empresa y la Administración regional. Concretamente, en la cláusula segunda. Por tanto, esos 18 despidos que son responsabilidad de una decisión del Estado, de un Gobierno del PP, incumplen una cláusula de la citada resolución. A su vez esto afecta al cumplimiento del calendario de ejecución de la campaña.
Si todo esto llama la atención, más sorprendente aun son las recientes declaraciones del PP instando al Gobierno regional a solucionar un problema que no ha creado y basándose en que las decisiones de Tragsa no pueden comprometer la sanidad animal. Pues sí la están comprometiendo y los únicos responsables son los dirigentes de la empresa que, les recuerdo, son pertenecientes al Partido Popular; ¿O tengo que recordar que el delegado para Asturias de Tragsa hasta hace poco era el archiconocido y hoy diputado en el Congreso Ramón García Cañal? ¿Quiénes tienen en su mano solucionar este problema que han creado? Y no sólo esto, a su vez proponen que los trabajadores se incorporen a la empresa pública asturiana Serpa, empresa, que les recuerdo, el Partido Popular ha demonizado argumentando que compite con el sector empresarial privado sin ofrecer mejores servicios y costes; es decir, ha defendido su desaparición. ¿Es eso rigor?
El Partido Popular es el responsable de este desaguisado y tiene en su mano solucionarlo; por supuesto que el Gobierno de Asturias defenderá el cumplimento de los contratos firmados y velará porque nada comprometa la sanidad animal de nuestra ganadería.
