El pasado día 13 de enero, el Congreso de los Diputados se vistió con los colores de la gente corriente, de la España real, dando paso a la Cámara más plural de toda la historia de nuestra democracia. Ese mismo día en que nuestros 69 diputados entraban en el Congreso, registramos la Ley 25 de Emergencia Social, cuyo nombre es una alusión directa al Artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece el derecho de todas las personas al bienestar y a una vida digna.
La Ley 25 es tan sólo la primera actuación dentro de un conjunto de medidas que hemos llamado Plan de Rescate Ciudadano. En este plan incluimos medidas concretas para garantizar el derecho a la vivienda, a la dependencia y los cuidados de nuestros mayores y nuestros niños y niñas, a la atención sanitaria universal, la garantía de los suministros básicos de agua, luz y gas para todos los hogares golpeados por la crisis, así como actuaciones urgentes para proteger a las víctimas de la violencia machista.
Son medidas perfectamente realizables con voluntad política, tal y como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Oviedo y otras ciudades del cambio están demostrando desde el ámbito municipal. Con la crisis han regresado imágenes dramáticas, que creíamos ya superadas, como los desahucios o las colas en los bancos de alimentos y comedores sociales.
En Asturies uno de cada cuatro hogares se encuentra en situación de exclusión relacionada con la vivienda. Diariamente se producen entre dos y tres desahucios de familias sin recursos, al menos uno de ellos por impago de alquiler.
Nuestra comunidad suspende en atención a la dependencia. Mientras en Asturies la cobertura es del 5,9%, la media española se eleva al 7,77%. El salario social básico, vital para que muchas familias salgan adelante (443 euros al mes) lleva sin revisarse desde 2011 y su gestión es manifiestamente mejorable. Los profesionales se encuentran desbordados, siendo necesario y urgente fortalecer los equipos de atención social en Asturias: cada profesional atiende a entre 8.916 y 10.000, lo que hace imposible una intervención personalizada y de calidad, y convierte a los trabajadores y trabajadoras sociales en meros burócratas, repartidores de prestaciones y ayudas.
Estamos convencidos y convencidas de que sólo con justicia social habrá verdadera recuperación económica en España y en Asturies. Los gobiernos de Zapatero y de Rajoy rescataron a la banca y las constructoras con dinero público, mientras dejaban caer a las familias, a los pensionistas y a los jóvenes, condenados al desempleo, la emigración o la precariedad. Rescatar a la ciudadanía, garantizar el bienestar y la capacidad de consumo de las clases medias y trabajadoras es imprescindible para asegurar la prosperidad económica del país, y eso requiere una reforma fiscal que acabe con el fraude consentido a las grandes fortunas y obligue a los ricos a pagar unos impuestos justos que financien un Estado del Bienestar moderno y avanzado.
La cohesión social y la igualdad de oportunidades son garantías para una sociedad fuerte, segura y feliz. Recortar sale caro al país. España y Asturies no podrán salir adelante con sueldos de miseria, sin inversión en educación, en sanidad, dependencia y servicios públicos.
