Normalmente, cuando una persona se encuentra en situación económica precaria suele considerar que todo dinero le viene bien, venga de donde venga. Y, en tiempos de crisis, como el presente, es evidente que a las muchas personas, demasiadas, que sufren esa precariedad les parece muy bien cualquier "llegada" de dinero, sea cual sea la razón, o la sinrazón de ello. Lo que sucede es que ese "venga de donde venga el dinero" no puede ser aceptado sin más por una sociedad en la que se respete la ley, se busque la justicia y se pretenda la solidaridad social, y menos aún cuando se trata del dinero que es de todos, en concreto, el que financia los grandes servicios públicos que conforman la médula de nuestro frágil sistema de Bienestar Social. Ese dinero debe llegar al ciudadano únicamente por las vías regulares legalmente establecidas. Nunca por vías de hecho, más o menos artificiosas .
Nuestro sistema de bienestar social de acceso general, integrado básicamente por los servicios sanitarios, educativos y sociales públicos, es joven, frágil, caro y extraordinariamente difícil de financiar en un marco, como el actual, de general y recurrente escasez presupuestaria y grandes limitaciones fiscales. A nadie se le oculta que ese sistema es también manifiestamente memorable, pero que su ampliación solo puede hacerse de forma paulatina y sedimentaria, esto es, o sumando recursos adicionales a los presentes, o mediante significativas mejoras de su gestión. Ambas posibilidades son seguramente muy difíciles de implantar a corto y medio plazo, pero no cabe aumentar el sistema por la vía de hecho, ni al margen o fuera de la ley en todo caso, hay que subrayar que construir lo que tenemos, que aún hoy está dentro de los once mejores Sistemas de Bienestar Social de Europa, ha requerido grandes esfuerzos de muchas personas, entre las que modestamente me encuentro, mucho tiempo y también el sacrificio de otras opciones de gasto público, algunas esenciales, y todas respetables, pero que en su momento se consideraron menos preferentes que esos concretos servicios públicos.
Pese lo determinante que resulta nuestro sistema de Bienestar Social para la inmensa mayoría de la población, hay que poner de relieve que, como la experiencia demuestra, y justamente por la fragilidad financiera que le es inherente puede ser fácil y rápidamente destruido, o al menos deteriorado de forma exponencial. Esa posibilidad de destrucción, o de deterioro no es una hipótesis descartare ni a medio, ni a largo plazo. En realidad, nuestro sistema de Bienestar Social tiene tres grandes enemigos (sin perjuicio de otros de menor relevancia): en primer lugar, las políticas neoliberales, que lo consideran innecesario, caro y parasitario. Si sus adalides pudieran lo reducirían a su mínima expresión, a la mera beneficencia. En segundo lugar, le amenazan seriamente tanto el simple descuido rutinario en su gestión, como el exceso de alegría en el control del gasto. En ambos casos lo normal es que se generen grandes incrementos del gasto público (las más de las veces financiados mediante el recurso a la deuda), los cuales más tarde, y frecuentemente más pronto, acaban siendo absolutamente imposibles de asumir presupuestaria, financiera y fiscalmente. El tercer gran enemigo de nuestro sistema de Bienestar Social es el fraude, tanto el realizado directamente, como el que consciente o inconscientemente se promueve, con tolerancias, justificaciones o alientos.
Dentro de nuestro sistema de bienestar social, los últimos servicios públicos en tener un desarrollo adecuado han sido los Servicios Sociales, los cuales por el complejo y variado espectro de la población que deben atender y por su diversidad, (ancianos, niños, personas con discapacidades, colectivos sociales y étnicos en situación de riesgo, inmigrantes o mujeres aquejadas de problemas específicos del genero, salario social etc. etc.) resultan imposibles de encuadrar en patrones uniformes, tanto para determinar la población protegida, como para fijar las asistencias que deben prestar. De hecho, es notorio que aún falta bastante para que se pueda situar a estos servicios a la par de los sanitarios o los educativos, que están mucho más normalizados.
Dentro de la compleja variedad de los Servicios Sociales públicos tiene marcadas peculiaridades la atención a los ancianos. En principio, todos los ciudadanos pueden, podemos, potencialmente llegar a ser ancianos. En general (y afortunadamente) en la España de hoy, la inmensa mayoría de ellos perciben pensiones públicas, que serán mayores o menores según las circunstancias labores y de vida de cada cual, pero, además, una parte muy relevante de ellos también dispone de algún patrimonio, de mayor o menor valor según haya sido la vida de cada cual, el cual habrá sido acumulado a lo largo de su vida en forma de bienes muebles o , más frecuentemente inmuebles.
En principio, con esas rentas y patrimonio, los ancianos españoles deben subvenir por si a sus necesidades, y responder de su mantenimiento y subsistencia, pues por elementales razones económicas, sociales y culturales, el espectro de la atención publica a este colectivo no es, no puede ser general, sino limitado a una parte de ellos. En concreto, a quienes por una u otra razón necesitan del apoyo público, bien porque sus rentas no les permiten mantenerse con suficiencia, o porque como consecuencia de achaques físicos o síquicos precisan de atención singularizada. En este sistema los ancianos carentes de rentas y de patrimonio no quedan en absoluto desprotegidos, pues el Servicio Social publico asume su mantenimiento total a su cargo y de por vida, en iguales, exactas, condiciones al resto de ancianos que atiende que tienen patrimonio o pensiones.
Cuando la situación física o síquica de los ancianos se ha deteriorado de forma significativa, exigiendo apoyo de tercera personas y su situación es, por tanto, subsumible dentro de alguna de la clasificaciones de minusvalía establecidas en la Ley de Dependencia, a la pensión contributiva o no contributiva a que se tenga derecho a percibir en la actualidad se le agrega una nueva prestación, una cantidad adicional, con la que se trata de facilitar que familiares, terceras personas o instituciones puedan atenderle, bien en su domicilio, o en una residencia geriátrica "ad hoc".
Los ancianos que interesan especialmente al Servicio Social Público son aquellos que por una u otra razón requieren de apoyo público residencial. Ese apoyo viene determinado por causas diversas. En unos casos, el ingreso residencial lo aconseja generalmente un estado de soledad unido a la dificultad de realizar correctamente las funciones básicas de la vida y también al deseo de los trabajos domiciliarios cotidianos. Se trata habitualmente de personas válidas o inválidas que, o no tienen familia, o esta no quiere o puede atenderles en su domicilio por las razones que sea, que pueden ser todo lo diversas que es la casuística humana.
En este caso, el Servicio Social público residencial, el ERA, da cobertura residencial mediante un contrato de hospedaje. El precio que se fija para ese hospedaje es un precio público cuyo importe se fija anualmente en el presupuesto y, por supuesto en el BOPA, y que se calcula en razón de los costes de mantenimiento del establecimiento y de la prestación, incluyendo alimentación. Normalmente ese coste es matemáticamente superior al importe de las pensiones que los ancianos residentes perciben. Los ancianos residentes abonan su estancia de la siguiente manera:
A) Los que no tienen pensión ni patrimonio, no abonan nada.
B) Quienes tienen pensión, pero no patrimonio, abonan el 75% de su pensión, (incluyendo la parte correspondiente a al prestación por dependencia) quedándoles el 25% para sus gastos personales.
C) Quienes tienen pensión y patrimonio, abonan como en el caso anterior el 75% de su pensión, quedándoles también el 25% de la misma para sus gastos, pero en este caso se comprometen adicionalmente a abonar de forma diferida la diferencia existente entre lo que pagan y el coste real o precio de la asistencia recibida. En ese ultimo caso administración financia esa diferencia, que con los años puede ser muy grande.
Cuando el anciano fallece, el cargo existente se gira contra su herencia. Es decir el Servicio Social, ERA, que cuidó al anciano es quien, cuando se puede y no se lesiona ya ni moral ni económicamente al residente, se resarce de sus gastos y percibe el precio completo de la prestación que dado.
Si el anciano deja herederos que no le atendieron en vida por la razón que sea, la aceptación de la herencia que estos puedan percibir queda, obviamente, condicionada a la satisfacción de la deuda de su causante.
En todo esto no hay ni puede haber trampa ni cartón. Podrán existir diferencias de cálculo, sencillas de resolver y siempre negociables y seguramente fácilmente atendibles Pero el concepto es ese. Pedir su no aplicación significa que el responsable de cobra esas cantidades prevarique, o adquiera responsabilidad contable. El sistema es justo y serio. Quien no ha cuidado personalmente a su causante, no puede beneficiarse encima de su inacción, y quedarse con el piso, cosa que no ocurre con los familiares que, con ayuda de dependencia o sin ella, se ocupan directamente de sus ancianos y, lógica y decentemente, heredan de ellos, sin traba alguna.
Esta es la historia y no hay que buscarle más pies al gato. Si alguien tiene necesidades económicas, servicios y prestaciones públicas hay para atenderle sin pervertir un sistema que es justo y que debe ser preservado, al margen de que su gestión haya sido mejor o peor. Lo que parece claro es que la actual Consejera de Servicios Sociales quiere que esa gestión sea mejor y pienso que es deber de todos ayudarla. Con ello nos ayudamos a todos.
Ah, para terminar, decir que estoy muy contento y tranquilo de haber dimitido como consecuencia de haber asumido un grave error -que no un delito- de un subordinado al que engañaron en el asunto del petromocho. ¡Ojalá asumir la responsabilidad "in eligendo" fuera mas frecuente! Nos habríamos evitado muchos de los lodos actuales. Vale.
