En los últimos años, Asturias ha sido incapaz de realizar un giro de 180 grados en las políticas de residuos. Hemos vivido un atascamiento y ha sido incapaz de entender el cambio de modelo de gestión de los residuos municipales, así como el cambio en los hábitos de comportamiento de la sociedad. En definitiva, no se ha sabido innovar.
Nuestra región, a través de su Conserjería de Medio Ambiente y del Consorcio para la Gestión de los Residuos (COGERSA), ha sido incapaz de generar complicidades a todos los niveles (políticos, sociales, empresariales) que hicieran posible lo que hoy es una realidad en muchos países de la Unión Europea y en consonancia con la Directiva Marco en materia de Gestión de Residuos: el residuo no se debe tratar como un resto sino, como un recurso.
El máximo exponente de esta incapacidad de adaptación, de este atascamiento y de esta renuncia al nuevo modelo de gestión, ha sido la apuesta empecinada por la construcción de la incineradora de residuos o, la mal llamada, planta de valorización energética.
Apostar por la incineradora, significa apostar por un modelo de gestión errático, basado en lo económico pero muy poco respetuoso con el medio ambiente y con la sociedad asturiana. Apostar por la planta de incineración significó renunciar a un modelo de gestión que trata toda la fracción resto o fracción todo uno y extrae el máximo de elementos valorizables, apostando por la máxima recuperación y por el cuidado máximo del entorno.
Tenemos que ser capaces de entender el valor socioeconómico del sector de los residuos, es decir, la ocupación que genera, la riqueza impulsada por la vía de la investigación y la innovación (I+D+i). Tenemos también, por qué no, ser capaces de valorar el papel activo que pueden jugar los residuos en las políticas energéticas. Pero debemos mentalizarnos, de verdad, que la gestión de los residuos ya no es un sector aislado al margen de las políticas de desarrollo económico de un país o de una región.
Si entendemos el residuo como un recurso, lo entenderemos también como un motor, como una oportunidad. Por eso, se debe avanzar en la investigación para poder innovar constantemente. Debemos establecer sinergias entre administración, empresas y universidad y desarrollar un clúster medioambiental para promocionar un importantísimo sector económico emergente, uniendo políticas económicas, políticas energéticas, políticas de innovación y políticas medioambientales, a la vez que favorecemos una ocupación laboral más cualificada y con más valor añadido.
Debemos legislar y modificar radicalmente la gestión y tratamiento de todos los residuos, en especial la Fracción Resto. Esta modificación conlleva transformar el modo en que los ciudadanos se relacionan con dichos residuos y para ello debemos proporcionar todas las herramientas que favorezcan la prevención y separación para así facilitar la posterior valorización material de los Residuos en todos sus ámbitos.
Debemos reabrir el debate sobre la Ley de Residuos y sobre tratamientos de residuos en el que se contemplen todas las alternativas y nuevas tecnologías existentes, e implantar un nuevo modelo de gestión que favorezca la recuperación de las diferentes fracciones y dotarlas de un nuevo valor material, cada una en su cadena de valor.
A la hora de diseñar un nuevo plan de residuos, con todo lo que ello conlleva (infraestructuras, estrategias, recogidas, flujos, socialización, tramitación), hay que tener muy claro el objetivo a conseguir, pero sobre todo, hay que tener aún más claro, la situación de partida. Es decir, saber a día de hoy qué flujos se generan, dónde se generan, características de los mismos, la recogida que necesitan, el tratamiento que requieren y su destino final. No se puede preconcebir la solución técnica independientemente de analizar que tipo de residuos se tiene así como su caracterización. Ni mucho menos aún suponer flujos y caracterizaciones sin el debido rigor. O modelos de financiación irreales y elevados sobrecostes en las tarifas y tasas. Y sobre todo, no se pueden ignorar alternativas tecnológicas, que podrían ser más factibles técnica y económicamente y además, más sostenibles desde el punto de vista del medio ambiente.
Para ello, es imprescindible diseñar una metodología de trabajo propia y de colaboración entre administraciones, apoyada por las instituciones y colectivos sociales representativos, que nos dibujen el modelo a ejecutar y reducir así la dependencia de agentes externos. Ese debió ser el camino entonces, pero hoy, el tiempo ya corre en nuestra contra. Hay que actuar de forma inmediata o el error será mayor ahora y las graves consecuencias las pagaremos los ciudadanos y nuestro medio ambiente.
