LA NUEVA ESPAÑA lleva varios días publicando un problema que saltó a la palestra como consecuencia del caso de una señora residente en Gijón, que siendo perceptora de una pensión de la Seguridad Social con derecho a complemento a mínimos, ahora se encuentra con que la Seguridad Social le retira el derecho al cobro de dicho complemento, no sé si en parte, o en su totalidad, por el hecho de haberse beneficiado de una subvención municipal por obras de mejora y conservación del edificio en que reside.

Dicho así, sin entrar en detalles, la cosa chirría tanto que a cualquiera hace poner el grito en el cielo por parecernos de lo más injusto. Incluso, según este periódico, este caso ha provocado una cierta alarma en otros muchos casos en que se están realizando este tipo de obras de mejora y conservación, pensando que aquellos que tienen pensiones mínimas se van a ver en la misma situación por la que ahora pasa la señora pensionista en cuestión.

Cuando recibimos un comunicado de un organismo oficial, solemos atender sólo en ver si nos anuncian el pago de algo, o si por el contrario, nos piden pagar algún impuesto o deuda de ese tipo y enseguida pasa al cajón del olvido. En este caso en concreto, tengo que decir que la información que la Seguridad Social pone cada año en manos de los pensionistas está bien clara. Cuando en el mes de enero recibimos el comunicado de la Seguridad Social con la revalorización de nuestras pensiones, en el re verso del mismo dice con toda claridad lo que deben tener en cuenta aquellos/as pensionistas perceptores del denominado complemento a mínimos; indicando el tope de rentas de otro tipo excluida la pensión, para poder seguir teniendo el derecho a dicho complemento, y que si se rebasan esos topes tenemos la obligación de ponerlo en conocimiento de la Seguridad Social, que es el organismo encargado de pagarnos las pensiones y sus complementos. Dicho todo lo anterior, que me perdonen quienes se ven afectados por este tema, pero pienso que pretender, como dicen algunos, pedirle cuentas al Ayuntamiento por esta situación me parece que es manejar el problema al revés de cómo corresponde. Sabido es que la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento, pero está claro que en este asunto la que les está perjudicando es la normativa vigente sobre pensiones y complementos de la Seguridad Social, y no el Ayuntamiento, que les subvenciona parte de las obras con los impuestos pagados por todos los ciudadanos.