La investigación sobre el accidente del avión de la compañía Germanwings que se estrelló en los Alpes franceses el 24 de marzo de 2015 ha puesto de manifiesto un conflicto entre la confidencialidad de la atención médica y la seguridad pública.
Andreas Lubitz, el copiloto suicida alemán que estampó el Airbus 320 Barcelona-Düsseldorf, provocando la suya y otras 147 muertes, entre ellas la de la esposa de un avilesino, fue diagnosticado un par de semanas antes del suceso de una posible psicosis por un médico privado, que le recomendó tratamiento psiquiátrico hospitalario y le dio la baja por enfermedad. Además, un psiquiatra le recetó varios antidepresivos y somníferos la semana anterior a la tragedia. Pese ello, estos profesionales no comunicaron el estado de salud mental de Lubitz a las autoridades aeronáuticas ni a la aerolínea germana para la que trabajaba, filial de la potente Lufthansa.
Y eso que el piloto ya había sufrido un episodio depresivo grave de agosto de 2008 a julio de 2009, por lo que el certificado que le permitía volar incluía desde entonces la advertencia de que pasaría a ser considerado "no apto" en caso de recaída. Pese a ello, los doctores se ciñeron al principio universal de salvaguarda del secreto médico y dieron por sentado que el piloto no iría a trabajar. Se equivocaron.
La normativa alemana es exigente con la confidencialidad médica, pero menos explícita al reconocer que no vulnera la ley quien rompe ese principio para evitar situaciones de riesgo. La legislación española castiga con penas de entre uno y cuatro de prisión al profesional que desvele información confidencial, aunque hay excepciones, recogidas en el código deontológico de la medicina, para casos de "peligro colectivo". En cambio, en países como Israel, Canadá o Noruega existen disposiciones concretas que obligan a la revelación de información privada relativa a los pilotos, al entender que un estado mental no apto para el vuelo supone una amenaza para la seguridad pública.
A partir de lo sucedido con Lubitz, el informe final sobre el accidente de Germanwings emplaza a las autoridades nacionales a habilitar cauces claros para que los médicos comuniquen aquellos problemas de salud de los pilotos susceptibles de afectar a la seguridad, también en el caso de que el paciente se niegue dar su consentimiento. Y subraya el que puedan hacerlo sin riesgos legales. Los doctores no pueden tener la sensación de que romper la confidencialidad les ocasionará más complicaciones que no desvelar una dolencia mental de riesgo.
Los pilotos que volaron con Lubitz durante los tres meses previos a la tragedia no vieron nada extraño en su comportamiento, pese a que en ese periodo pasó por seis episodios documentados de la enfermedad. Pilotos y copilotos no forman dúos de trabajo estables y, además, dolencias como las depresiones son difíciles de captar. El caso es que Lubitz tampoco informó a nadie de su verdadero estado. Y ahí pudo haber influido el miedo a perder la habilitación para volar y a sus consecuencias económicas.
El copiloto contaba con un préstamo bancario de unos 41.000 euros para financiar los 60.000 euros que le costó la formación en la Instrucción de Vuelo de Lufthansa, la matriz de Germanwings. También tenía una póliza de pérdida de licencia, contratada por la aerolínea, que le habría supuesto un pago de 58.799 euros, pero no había conseguido, precisamente por sus antecedentes médicos, un seguro adicional para cubrir la mengua de ingresos derivada de quedarse sin permiso de vuelo.
La recomendación de los expertos de la Oficina de Análisis de la Seguridad en la Aviación Civil de Francia, a partir del caso de Andreas Lubitz, es que las autoridades aeronáuticas y a las aerolíneas adopten medidas para disminuir los efectos socioeconómicos de las pérdidas de licencias por causas médicas.
