El pasado 7 de abril el Ministerio de Hacienda hizo público el balance de la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio 2015. Los datos ponen de manifiesto que el déficit público se ha situado en el 5% del PIB, aproximadamente 54.100 millones de euros, 16 centésimas menos que en el primer avance publicado el 31 de marzo. Esta reducción se debe a la aplicación de un nuevo criterio de imputación de unos ingresos por utilización del espacio radioeléctrico, pendientes de aplicar desde el año 2010, aprobado por la oficina estadística de la Unión Europea, Eurostat, por importe de 1.600 millones de euros.
Si bien es cierto que el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas, sin tener en cuenta el coste de las ayudas a instituciones financieras, se redujo en 8 décimas en relación con el año 2014, también lo es que se ha producido una desviación en una cuantía similar respecto del objetivo comprometido con la Unión Europea para el ejercicio 2015, tal y como se puede apreciar en el Cuadro adjunto. Incumplimiento que no debe sorprendernos demasiado, ya que había sido anunciado reiteradamente por la mayor parte de los institutos de investigación económica y porque los objetivos marcados no se han cumplido en ninguno de los años de las dos últimas legislaturas, desde que se inició la crisis.
¿Dónde están las causas del incumplimiento? Si analizamos por separado las cuentas de las distintas Administraciones Públicas, es evidente que las entidades locales son las que presentan los mejores resultados. Desde el año 2012 han cerrado todos los años con superávit, mejorando el objetivo que tienen marcado de equilibrio presupuestario. También la Administración Central ha mejorado sus objetivos, reduciendo su déficit del -3,57% en 2014 hasta el -2,54% en 2015. Este recorte se ha producido a pesar de que los ingresos tributarios se han quedado en 3.800 millones de euros menos de lo presupuestado (180.031 millones de euros recaudados de 183.871 millones previstos), en parte por el adelanto de las rebajas fiscales previstas para 2016.
La Seguridad Social ha empeorado sus resultados de forma notable. El déficit de -1,26% del PIB no solamente duplica el objetivo marcado, sino que es su peor resultado en todos estos años. Los ingresos por cotizaciones sociales han ascendido a 100.492 millones de euros, cuando estaba prevista una recaudación de 109.833 millones. Este dato pone de manifiesto la imperiosa necesidad que tiene nuestro país de crear empleo en el corto plazo y de adoptar medidas complementarias, que permitan garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Por último, las Comunidades Autónomas han incumplido notoriamente el objetivo de reducir el déficit en un punto porcentual del PIB que se les había asignado y solo tres, Canarias, Galicia y el País Vasco, se han situado por debajo del -0,7%. Cataluña, Extremadura, Murcia, Valencia y Aragón son las Comunidades en las que se registran los mayores incumplimientos. Es cierto que en algunas comunidades se han imputado gastos no recurrentes, que no se repetirán en el ejercicio 2016. Sin embargo, si los mayores ingresos que van a recibir del sistema de financiación autonómica, y el ahorro en el pago de intereses que supone la financiación por parte de los mecanismos de liquidez que ha puesto en marcha el gobierno central, se destinan a aumentar el gasto en lugar de a corregir el déficit, es difícil que puedan revertir esta situación.
¿Cómo podemos valorar estos resultados? Si somos de los que ven siempre la botella medio llena, nos fijaremos en que el déficit se ha reducido del -9,29 al -5,0% del PIB en cuatro años, los dos primeros de recesión. Si vemos la botella medio vacía, los resultados de estos dos últimos ejercicios no invitan a pensar que pueda cumplirse la senda de consolidación presupuestaria fijada para los ejercicios 2016 a 2018. Por lo menos no con una política presupuestaria que depende en exceso del incremento de la recaudación tributaria, consecuencia a su vez del crecimiento de la economía y sin una aplicación estricta de la regla de gasto.
Quedan finalmente los partidarios de pedir una prórroga y retrasar el ajuste en el tiempo. Es posible que esa situación se produzca, al menos de hecho, sino de derecho. De todas formas, es necesario tener presente que los déficits tienen una consecuencia duradera: el incremento de la deuda, que obliga a distraer recursos de otras políticas para hacer frente a la carga que provoca. Desde el año 2008, la deuda pública ha aumentado desde el 39,4% del PIB al 99% actual. El equilibrio presupuestario no solamente es necesario para cumplir compromisos adquiridos, sino para garantizar la sostenibilidad futura de nuestras cuentas públicas.
