En la última semana de la recién finalizada legislatura se debatía y aprobaba en el Congreso, a iniciativa de Ciudadanos, una proposición no de ley sobre la variante de Pajares que incorporó las enmiendas presentadas por los grupos Socialista y de Podemos, aparentemente todas ellas encaminadas a agilizar su urgente conclusión.
Conscientes de que la proposición no tenía más que un valor testimonial -a punto de disolverse las Cortes y, por tanto, decaer- los tres grupos consensuaron un texto en el que, además de la petición de urgente finalización de la Variante, se solicitaba que el Gobierno presentase un nuevo calendario (Ciudadanos), informes técnicos sobre su ejecución e incidencias (PSOE), y los costes definitivos y asistencias técnicas realizadas (Podemos).
Sorpresa mayúscula nos llevamos los representantes del Partido Popular cuando el señor Prendes no admitió la enmienda presentada por el señor Oblanca que incorporaba el acuerdo del programa común sobre la finalización del AVE para el Principado suscrito en las pasadas elecciones por el Partido Popular-Foro, donde se incluían desde la supresión del fondo de saco en León hasta la garantía de que el ancho europeo del AVE llegase a Pola de Lena con implantación de un nuevo intercambiador en esta localidad.
¿Por qué razón no admitió Ciudadanos la enmienda que reforzaba una posición unánime en favor del AVE para el Principado? Por una tan sencilla como la de que los miembros de la "nueva política" son capaces de decir lo uno aquí y lo contrario allá, según interese. En el Principado son defensores de la urgencia de la alta velocidad. Pero en su programa electoral de 2015 consideran que no es una inversión prioritaria ni rentable socialmente y proponen desviar financiación del AVE para otras políticas que consideran más importantes afirmando: "Alargaremos los plazos para la finalización de las obras en curso (la Variante está en esa situación) y no pondremos en marcha ninguno de los proyectos que están en planificación o contratación". Si el señor Prendes y su partido persiguen de verdad la finalización urgente del AVE a Asturias, en lugar de presentar iniciativas de postureo, trabajen en estas fechas de inicio de campaña en modificar su actual programa electoral tan perjudicial para nuestros intereses. Tienen ardua tarea.
Situación similar le ocurría a don Segundo González, diputado asturiano de Podemos, otro "emergente" en la política que se mostraba exigente con la urgente finalización de esta inversión de casi 3.500 millones de euros mientras, dos días antes en el Senado, su Grupo se mostraba contrario -como así lo han planteado siempre - a la alta velocidad en el "Estado español".
Nos producía estoica resignación la intervención del señor Trevín por el PSOE, denunciando vehementemente los retrasos producidos con el Partido Popular, a la vez que comprobábamos cómo el paso del tiempo empeora su amnesia selectiva. Algunos, que todavía manejamos como él la hemeroteca, no olvidamos su etapa como delegado del Gobierno socialista en Asturias. Desde que en 2005 el señor Zapatero como presidente del Gobierno comprometió la apertura del tramo La Robla-Pola de Lena para 2009, don Antonio, como delegado de aquel gobierno y para su desgracia, tuvo la misión de tener que justificar los sucesivos retrasos que se producían. Entre otras, son famosas sus declaraciones del 11 de noviembre de 2010 en las que ante un nuevo aplazamiento hasta 2013 anunciado por el ministro don José Blanco, más de cuatro años sobre el inicial previsto, indulgentemente lo justificaba de la siguiente manera: "Como la Variante servirá para un siglo, se justifica un retraso de seis meses".
Conocida sobradamente la trayectoria del PSOE, vistas las posiciones de los "nuevos políticos" de Ciudadanos y Podemos en cuya corta existencia ya se detecta su alta capacidad de decir lo mismo y lo contrario con absoluta convicción, la única garantía para que la alta velocidad llegue al Principado en el menor tiempo posible -solucionados los problemas técnicos de esta compleja obra- es que el Partido Popular se mantenga al frente del Gobierno de España. Cualquier otra opción pondrá en grave riesgo la llegada del AVE a Asturias.
