Un país no solo puede ser rico en términos materiales. Incluso nos atrevemos a afirmar que no es lo más importante. Un país también es un espacio ético y puede ser rico o pobre moralmente. De hecho, la crisis económica española ha venido trenzada con una crisis institucional pero también, sin duda, con una profundísima crisis moral cuyo buque insignia ha sido la denominada " (in)cultura del pelotazo".
¿Es posible (y necesaria) una economía vinculada a la moral? Rotundamente sí. De hecho en las pequeñas comunidades los individuos no basan sus transacciones comerciales solo en operaciones anónimas de compra y venta, sino que ponen en juego su reputación respetando unos códigos morales compartidos; su no observancia lleva a perder el respeto de los demás, la deshonra pública. A estas costumbres está sujeto, por ejemplo, el pequeño comercio de proximidad aunque sea dentro de una gran urbe. Una persona puede preferir comprar en la tienda de la esquina por motivos como la amistad, buen trato, solidaridad... no siendo el precio el único criterio de valor.
La cuestión de fondo es que la viabilidad política de una sociedad no es posible sin la asunción práctica, por parte de una mayoría de sus ciudadanos, de unos valores morales fundamentales. Y, por consiguiente, que no podemos entender el desarrollo de una sociedad sólo en términos económicos. Evidentemente cuando hablamos de valores morales no lo hacemos desde el reciente cinismo economicista que nos recuerda que es necesario gestionar una buena reputación porque cada vez es más necesario aparecer como ético para poder ser económicamente exitoso. La moral tiene entidad por sí misma y es grotesco que sean ahora los economistas los que nos vengan a decir cómo y para qué ser buenos y felices.
Las administraciones públicas han de tener respecto a este asunto un papel de liderazgo y ejemplaridad. Desgraciadamente no siempre ha sido así, como estos días pone de relieve el juicio por el "caso Marea".
Público debe ser sinónimo de social y de responsable y, por tanto, la contratación pública no debe constituir exclusivamente un medio para la obtención de prestaciones, obras o servicios en las condiciones económicamente más ventajosas sino que debe ser también una herramienta al servicio de los poderes públicos para el cumplimiento de sus fines y valores fundamentales: cohesión social, redistribución de la riqueza, igualdad y justicia.
En esta línea detrás de cada contrato público debe estar la búsqueda y promoción de oportunidades de empleo, trabajo digno, cumplimiento con los derechos sociales y laborales, innovación y apoyo a las empresas, inclusión social, igualdad de oportunidades, criterios de sostenibilidad incluidas las cuestiones de comercio ético , verde...y un cumplimiento más amplio de la responsabilidad social de las empresas.
El precio es importante pero el precio justo
