Asturias sí es un infierno fiscal, al menos para mí. En abril de 2013 falleció una tía carnal de mi mujer, dejando, debidamente testamentado, su vivienda habitual y el dinero de sus cuentas a una hermana y a mi mujer, un piso de 74,22 metros cuadrados, construido en 1974 en la calle Muñoz Degraín de Oviedo.
Los servicios tributarios del Principado de Asturias, con la documentación presentada ante ellos, estimaron que por recibir dicho inmueble nos correspondía pagar 19.706,84 euros. Un mazazo colosal para cualquier economía de clase trabajadora como la nuestra, que afrontamos asumiendo que con él se esfumaba una parte muy considerable de nuestros ahorros. A comienzos de julio de 2016 recibimos una carta de estos mismos servicios tributarios según la cual, y en virtud de no sé cuántas disposiciones legales, la cantidad a pagar aumentaba hasta los 34.478,87 euros y, por lo tanto, les adeudábamos 14.772,03 euros, más otros 1.812,68 en concepto de intereses de demora. En total, 16.584,71 euros que debíamos abonar en un plazo de diez días. Por no extenderme, no deseo abundar en determinadas condiciones negativas del inmueble citado, que las tiene, ni en las mías propias, pero quedo a disposición de quien quiera saber más sobre ello.
Probablemente, no lo sea para el presidente del Principado (LNE, 20 de julio de 2016, pág. 42), quizá tampoco para esa consejera que, según las noticias publicadas, heredó un chalé e increíblemente no le afectó el impuesto de Sucesiones, pero para mí, ahora mismo, Asturias es el auténtico infierno fiscal sobre la tierra.
