El pasado 31 de julio he leído que "El Nalón se conjura para que el soterramiento no acabe como el metrotrén", y no me extraña que los alcaldes de Langreo, San Martín del Rey Aurelio y Laviana lo hagan en el sentido que el Diccionario de la Real Academia Española otorga como quinta acepción del término, es decir, "rogar encarecidamente, pedir con instancia y con alguna fórmula de autoridad algo", que no puede ser otra cosa que las obras de soterramiento de vías en Langreo sirvan efectivamente para la finalidad con la que han sido proyectadas.

Tenemos muy reciente en Asturias, aunque ya desgraciadamente olvidados, casos de inversiones fallidas y malversadas en temas de comunicaciones ferroviarias, como el aludido del metrotrén (de quien ya nadie se acuerda, pero que ha costado 108 millones de euros, a los que han de añadirse los de mantenimiento y vigilancia, que anualmente representan del orden de 125.000 euros) y el famoso ramal de la antigua Feve desde las inmediaciones de Navia a la factoría de Ence, que se halla en punto muerto si no en proceso de desmantelamiento, a pesar de la inversión de gran parte de los 7 millones de euros que administraciones y empresas públicas habían comprometido.

Y eso se ha pagado, y continúa haciéndose, con nuestro dinero: con el de los contribuyentes, que se ha asignado a proyectos dudosos en detrimento de otras finalidades más necesarias social, productiva y económicamente.

Pero bueno, señores, no nos rasguemos las vestiduras. Este país se caracteriza -en el campo que nos ocupa- por inversiones improductivas de análoga naturaleza, y no sólo en Asturias. Les puedo citar casos de infraestructuras ferroviarias finalizadas que nunca han llegado a entrar en servicio, como la línea de Alcoy a Alicante, en la que jamás llegó a hacerse el tendido de carriles a pesar de contar con toda la obra civil realizada; la línea de Baeza (Jaén) a Utiel (Valencia), cuya construcción se inició a mediados de los años 20 del pasado siglo y continuó hasta que en 1964 un informe del Banco Mundial convenció al Gobierno de que ya estaba bien de malgastar cientos de millones de pesetas en un proyecto que no tenía viabilidad, y por fin se paralizó, y por no enumerar más, el inconcluso proyecto de la conexión férrea Santander-Mediterráneo, en el que es emblemático el despilfarro generalizado, si bien resulta significativo el del túnel destinado a atravesar la cordillera Cantábrica, que con casi 7 kilómetros de longitud y capaz para tender doble vía tardó 17 años en construirse, jamás contó con ésta, por lo que consiguientemente nunca fue utilizado (por el tren, pues los camiones lo utilizaban ilegalmente cuando en invierno las nevadas obligaban al cierre del puerto de El Escudo). Curiosamente, el túnel se denomina oficial y premonitoriamente "túnel de La Engaña", circunstancia que ojalá no sea trasladable a la variante ferroviaria de Pajares.

Por lo tanto, y comprendiendo la preocupación de los alcaldes del valle del Nalón, creo sinceramente que la mejor acepción que debe darse al término "conjurar" en este caso es la que la RAE expone en su ordinal sexto: "impedir, evitar o alejar un daño o peligro", cual será la realización de una costosa inversión inútil o de escasa rentabilidad social y/o económica.

Finalmente quiero indicarles que las inversiones públicas han de ser debidamente planificadas, sobre todo en circunstancias económicas difíciles como las presentes, con la finalidad de contener el gasto público, estudiándolas con profundos criterios de rentabilidad social y de contribución a la generación de riqueza.