En todo país serio y democrático existe un Gobierno eficiente con garantías jurídicas y una oposición que controla a ese Gobierno. En tal contexto, los líderes que perdieron elecciones notoriamente (Rajoy, 3,5 millones de votos; Sánchez, 1,75, en diciembre de 2015) debieron haber puesto los cargos a disposición de sus partidos, y no demorar las elecciones estatutarias internas pendientes: año y medio el PP y un año el PSOE.
Admitida la improcedencia de unas terceras elecciones generales, es claro que procede facilitar el paso al partido más votado; al menos con la abstención mínima necesaria de diputados propios, tomando las precauciones precisas para el control de la votación final a viva voz en las Cortes.
Los votos restantes pueden y deben determinarse previamente por la comisión gestora o el comité federal, en alguno de estos sentidos:
a) Abstención congruente con los votantes anteriores, como rasgo de disciplina interna.
b) En contra de la investidura del candidato, en supuesta concordancia con la ideología tradicional (del PSOE) y con el ánimo indulgente de "borrar" la díscola arrogancia de los compañeros disidentes, cubriéndoles con una cortina de humo especialmente generosa.
c) Permitir al referido sector votar libremente, lo que parece una fórmula muy liberal, pero manifiestamente insegura para todos, pues los disidentes se identificaron como "indisciplinados", y el partido quedaría con todas sus heridas abiertas. En consecuencia: mala opción.
Procede exigir al Gobierno hacer cumplir urgentemente la ley contra los movimientos secesionistas, asumiendo así la responsabilidad que le incumbe en la inhabilitación de políticos manifiestamente anticonstitucionalistas (PSC y otros), tan adversos al PP como al PSOE, y contrarios a la unidad de España.
En cuanto a Presupuestos, es obligación irrenunciable de cualquier oposición controlar al Gobierno. Sería razonable considerar con especial prudencia las partidas estratégicas para el interés nacional.
En medio de esta compleja crisis se han manifestado ante toda la opinión pública como estadistas de altura don Alberto Núñez Feijóo (PP) y don Javier Fernández (PSOE). Tomemos nota para el futuro próximo. Tal vez más próximo de lo que muchos imaginan.
