Coordinador territorial de Ciudadanos Asturias

Acabar con los privilegios políticos

El debate sobre la protección jurídica de ciertos cargos públicos

Por si usted, estimado lector, no lo sabe, en España existen cerca de 10.000 aforados, de los cuales unos 2.500 son cargos públicos y el resto jueces y fiscales. Esta cifra, 10.000, puede parecer grande, algún español (los menos) la puede considerar pequeña y a algunos puede ser que no les diga nada. A mí personalmente me parece una barbaridad, no obstante no se debe caer en la trampa de la demagogia. Por eso, para poder evaluar y hacerse una opinión sobre un dato así, éste debe ser tratado objetivamente. ¿Y qué mejor manera de objetivar, que comparándonos con otros países desarrollados, que se suponen que se encuentran en un nivel social y democrático similar al nuestro? Pues bien, hagamos un pequeño ejercicio de comparación. En Francia el aforamiento se aplica exclusivamente al Presidente de la República, el Primer Ministro y los Ministros (por lo tanto, una cifra inmensamente inferior a la de España). Sigamos, en Italia o para nuestros vecinos portugueses, el aforamiento se circunscribe únicamente al Presidente de la República (sobran las palabras si se compara con nuestros 10.000 aforados). Por último, en países como Alemania, Reino Unido o Estados Unidos, la figura del aforado no existe. Además, la Constitución Española de 1978 tan solo contemplaba el aforamiento del presidente del Gobierno, los ministros y los integrantes del Parlamento y el Senado (privilegio que por ejemplo doña Rita Barberá está aprovechando al máximo). Posteriormente se incluyeron a los jueces y fiscales y por último, los estatutos de autonomía de las diferentes comunidades incluyeron como aforados a sus diputados regionales y los miembros de sus Consejos de Gobierno.

Todos estos países que acabamos de mencionar (Francia, Italia, Portugal, Alemania, Reino Unido,?) para nada son sospechosos de ser lugares donde se vulneren los derechos de los ciudadanos, y menos aún de sus representantes públicos. En teoría, la finalidad inicial del aforamiento es proteger de demandas espurias a los cargos públicos y evitar a los jueces ordinarios de posibles presiones a la hora de juzgar a políticos o compañeros de profesión. Así pues me pregunto, ¿qué necesidad tenemos de mantener un anacronismo como es la figura del aforado, que lo que tan sólo potencia es la desigualdad entre ciudadanos? ¿Acaso se mantiene esta medida garantista porque se duda de la independencia o del buen criterio de los jueces ordinarios? ¿Es que los políticos, a diferencia de un ciudadano corriente, son gente especial que tan solo pueden ser juzgados por tribunales superiores? Si estas son las razones que se pueden esgrimir, parecen bastante peregrinas y cuanto menos preocupantes. Máxime cuando gran parte de la ciudadanía ha comenzado a poner el punto de mira en la independencia del nombramiento de ciertos miembros de tribunales superiores a los ordinarios, tribunales éstos, encargados de juzgar a los aforados.

Es por ello que en Ciudadanos queremos acabar con estos privilegios. Por esta razón, recientemente hemos presentado una Proposición No de Ley en la Junta General del Principado de Asturias para que se inicie un procedimiento de modificación del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, con el fin de modificar el artículo 26.2 del mismo, lo cual permitiría que los diputados de la Junta General pierdan el privilegio del aforamiento. Esta medida, a nuestro juicio nos parece esencial, ya que ni estamos de acuerdo con la figura del aforamiento tal y como hoy en día se trata en España, y a nuestro juicio la sociedad tampoco la comparte.

Por eso esperamos que todas las fuerzas del arco parlamentario asturiano apoyen esta iniciativa planteada por Ciudadanos. Creemos firmemente que la sociedad asturiana, y también la española, está harta de ciertos privilegios políticos como es el que hoy presento y es por ello que desde Ciudadanos Asturias abogamos por la desaparición del aforado del mapa político asturiano. Además creemos firmemente que este paso debe darse dentro de una reforma necesaria de nuestro Estatuto de Autonomía, basada en el consenso y el acuerdo entre todas las formaciones políticas presentes en la Junta General del Principado de Asturias, como así espero que sea.

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