Hubo debate y mucho más del esperado en la sexta Conferencia de Presidentes, que tuvo lugar en el Senado, la cámara de representación territorial tan cuestionada siempre que se acerca la hora de hacer programas electorales y de hablar de gastos superfluos. El nuevo clima de diálogo y búsqueda de consensos ha llegado para quedarse, al menos en esta legislatura de Gobierno en minoría, obligado a llegar a pactos si no quiere reconocer el fracaso que, en cierta medida, supone todo adelanto electoral. La cumbre entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, marcada inicialmente por la ausencia de Cataluña y el País Vasco, ha tenido un mayor calado político que las cinco anteriores, cuatro con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno y la penúltima, ya con Mariano Rajoy en Moncloa. Del "cartón piedra" a la discusión útil.
La revisión del sistema de financiación autonómica bien merecería, por sí sola, una convocatoria multilateral, con todas las autonomías, por la importancia que tiene el reparto de los impuestos para el sostenimiento de los servicios públicos esenciales. Pero hubo más.
Si se quiere contar con una plantilla de médicos amplia para que hospitales y centros de salud no se colapsen ante una epidemia de gripe hace falta el dinero para poder pagar esas nóminas. De la financiación de servicios como ese discutieron el martes los presidentes de Andalucía, Asturias y Cantabria cuando se enfrentaron a su homóloga de Madrid, Cristina Cifuentes, después de que la nada fotofóbica dirigente popular plantease que su autonomía es la que más aporta y que aspira a una mayor financiación per cápita para que el futuro sistema "no desincentive" a las comunidades más dinámicas -léase ricas-. Entonces unos le contestaron que es muy cómodo reclamar mayor financiación, cuando hay detrás el soporte económico, en ingresos fiscales estatales, que supone ser la capital de un país mientras se bajan impuestos autonómicos. Y otros, como el presidente asturiano, Javier Fernández, la invitaron a subir sus impuestos regionales si es que quiere mayor financiación después de defender que cada autonomía debe disponer de los recursos necesarios para afrontar el coste de cada servicio que varía, según los territorios y por diferentes causas, que abarcan desde el envejecimiento a la dispersión y la orografía, a si hay o mayor o menor presión sobre los servicios públicos.
El debate sobre la reforma de la financiación autonómica no ha hecho sino entrar en la primera semana de un parto que el Gobierno central pretende llevar a feliz término a lo largo de este año. Llama la atención un plazo tan optimista para una negociación tan endemoniada, que en 2008 acabó desembocando en el relevo de todo un vicepresidente económico, Pedro Solbes, por Elena Salgado para culminar el modelo ahora vigente. De momento Rajoy advirtió a unos y a otros, que hoy España todavía recauda 20.000 millones menos que en 2007, por lo tanto la tarta a repartir, lejos de crecer mengua. Todo un aviso a navegantes. El punto de intersección de posturas tan distintas que salió de la Conferencia de Presidentes consistió en la puesta en marcha, en el plazo de un mes, de un grupo de trabajo, en el que cada comunidad autónoma tendrá un experto, que el en caso de Asturias bien podría ser el catedrático de Hacienda Pública, Carlos Monasterio, uno de los mayores especialistas del país en las cuentas autonómicas y locales. Los técnicos plantearán sus propuestas de mejora pero la negociación habrá de volver al terreno político. Ahí estará el quid de una cuestión a la que Cataluña, tarde o temprano, deberá incorporarse. El interés en marcar perfil propio, por el reto soberanista, difícilmente será sostenible cuando el Consejo de Política Fiscal y Financiera alumbre el sistema que regulará un reparto crucial para la financiación de unos servicios y políticas que se llevan prácticamente el 80 o el 90 de su presupuesto anual.
Cuentan que las primeras Conferencias de Presidentes convocadas por Zapatero fueron de cartón piedra. Vamos que la vida siguió igual, cuando llegó Rajoy y mandó parar después de su primera cumbre y, sobre todo, de una mayoría absoluta cuyo ejercicio rara vez suele ir acompañado de vocación negociadora. El nuevo reparto del poder, con apenas una mayoría absoluta en todo el país, la del gallego Alberto Núñez Feijóo, parece forzar a los gobiernos y a los presidentes a hacer más política que nunca.
Los quince presidentes autonómicos, además de los de Melilla y Ceuta, y el del Gobierno central reunidos en Madrid tienen ante sí el reto de hacer política útil y convertir en mejoras para la calidad de vida de la gente la agenda de buenas intenciones consensuada en una jornada fría y ventosa en la capital. En sus manos está. De momento, el Gobierno central se ha declarado dispuesto a aceptar la evaluación, dos veces, de los compromisos contraídos y a pasar un examen anual ante los presidentes autonómicos. Asumir que el declive demográfico es un problema de Estado que requiere una estrategia nacional; dar voz a las autonomías en pactos nacionales por la educación y contra la violencia de género; proteger a la gente más vulnerable de cortes de energía no deseados mediante la actuación previa de los servicios sociales regionales y municipales o mejorar la coordinación de la protección civil son cuestiones con repercusión en la vida cotidiana de los ciudadanos que bien valen una Conferencia de Presidentes. Siempre cuando pasen de ser una mera declaración de intenciones.
