"...en cualquier momento dado, las habilidades disponibles para el desarrollo de un país imponen un cierto tope al número de proyectos que pueden acometerse simultáneamente"
Albert D. Hirschman
"La estrategia de desarrollo económico"
El departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo, en el marco del convenio entre la institución académica y la Administración del Principado, ha elaborado bajo la dirección de Felipe Fernández un detallado análisis del sector rural asturiano. Su realización fue el resultado del brillante trabajo de un conjunto de profesores con talento y pasión por su disciplina. En sus páginas, se diseña "?una estrategia global en la que se consideran todos los sectores, el conjunto del territorio y todos los componentes del medio rural". El resultado es un práctico y exhaustivo vademécum muy bien articulado que, a través de 10 ejes de actuación, expone 96 medidas y 135 acciones.
La aplicación específica del estudio a un subconjunto territorial denominado Plan Especial del Suroccidente, que agrupa a los municipios de Allande, Cangas del Nancea, Degaña, Ibias y Tineo con 212.706 hectáreas 28.607 habitantes y 129 parroquias (27 de ellas con una densidad de población inferior a 5 habitantes por kilómetro cuadrado), trata de identificar las potencialidades preexistentes en los diferentes territorios de la comarca, en su singularidad, lo que permitiría utilizar una planificación selectiva en función de la heterogeneidad de recursos. Un ámbito de análisis y de actuación perfectamente elegido si consideramos que la comarca ha perdido el 18,72 % de su población en los diez últimos años.
La propuesta es un intento ambicioso y una labor compleja, difícil de instrumentar. Sin duda el diagnóstico es correcto, pero exigirá a las administraciones públicas: autonómica y municipales, un alto grado de coordinación, continuidad operativa y nivel mantenido de financiación. Además debería establecerse un calendario exigente y de estricto cumplimiento capaz de despertar las sinergias suficientes que permitan el éxito del empeño, pues se trata de realizar una "reconstrucción territorial global".
El Plan del Gobierno Regional pretende movilizar más de 150 millones euros hasta 2025. Recientemente fue ampliado con 100 millones euros más (LNE, 29.10.2016) por el Consejo de Gobierno con una propuesta de 183 actuaciones. Habrá que esperar a conocer en detalle el plan de acción para valorar la pertinencia de las opciones que se elijan. De momento, parece ser que las denominadas "infraestructuras duras" se llevarán una parte relevante de la dotación presupuestaria. No resulta difícil alabar el esfuerzo inversor del Principado y la importante asignación de fondos para mejorar las carreteras y equipamiento sanitario. Ambas inversiones, además de su gran visibilidad, siempre gozarán de una buena acogida entre los ciudadanos, lo que, al menos permitirá, que en la conciencia colectiva el esfuerzo figure como un uso correcto y útil del dinero público.
Una cuestión no menor se deriva del análisis de aquellas medidas no necesariamente inversoras ni medibles en coste. Se trataría de medidas que además de tener escasa visibilidad a corto plazo y ofrecer pocos réditos políticos, exigen a las administraciones una labor mantenida, ardua y persistente y a prueba de obstáculos. Me refiero a la necesidad de quitar impedimentos, vencer resistencias y allanar el camino que permita poner en el mercado una parte importante de tierra actualmente improductiva o mal asignada por su uso productivo. Una cuestión de voluntad política que exigirá una vigilia permanente en los diferentes escalones administrativos.
Objetivos. En Sierra y en gran parte del concejo de Cangas del Narcea y en la mayoría de la comarca suroccidental, el sector productivo por excelencia es y será en el futuro el sector ganadero de orientación cárnica. De ahí que los loables objetivos que el Gobierno expresa en el Plan: "fijar población y responder a los problemas asociados al envejecimiento en la zona a partir de la generación de empleo y mejora de la calidad de vida", exigen una panoplia de acciones, un modelo multivariante de actuación para lo que, a mi juicio, ninguna administración, y no solo la nuestra, esta preparada salvo que el ámbito de actuación se circunscriba a un área de menor tamaño y de gran homogeneidad.
Un Plan Integral exigiría varios requisitos. Por lo pronto, un calendario preciso de acciones; además, sincronía en la ejecución; luego, garantía de continuidad de las directrices que presiden la acción política y, por último, financiación generosa y puntualmente ejecutada. Mucho me temo que todo esto exceda con creces de lo que razonablemente podemos demandar a cualquier administración pública. Tampoco resulta descabellado pensar que su ejecución podría comportar la creación de un aparato administrativo específico. Como debería estar dotado de autonomía y capacidad decisoria suficiente para tratar de aplicar el Plan con probabilidad de éxito, tal cosa supondría un problema más y no menor.
No creo minusvalorar la importancia del trabajo realizado por la Universidad, ni el nivel científico de sus colaboradores, pero yo me decanto por un modelo muy sencillo que considero compatible con el conjunto de acciones señaladas en el mismo. Mi propuesta se inclina decididamente por concentrar los esfuerzos en el sector productivo de orientación cárnica, con el sector forestal como su inseparable acompañante. Se trataría de liberar el rígido corsé que impide o entorpece el objetivo fundamental al que se anudan el resto de las medidas: incrementar el número de explotaciones, notablemente mejoradas en su dimensión media, a fin de que alcancen una Unidad de Dimensión Económica (UDE) que incremente la rentabilidad, mejore el nivel de vida de los campesinos, y aumente la superficie productiva utilizada en el SIGPAC, a efectos del cobro de ayudas. En la medida en la que el incremento de la base tierra utilizada y el cobro de ayudas van entrelazadas, tal conjunto de cambios pueden facilitar la formulación de una nueva narrativa que sobre la base del esfuerzo exigido previamente a los campesinos, seduzca a los ciudadanos que sufragan las subvenciones y refuerce la autoestima de sus destinatarios, los ganaderos.
Infraestructuras. Esa opción decidida por el sector productivo ganadero y forestal debe de tener un aliado en las denominadas "infraestructuras duras", pero en este caso el ámbito será regional y nacional. Mejorar la accesibilidad con León, apostando por la vía verde a Ponferrada; integrar la comarca con una buena comunicación con el área central y costera de la región donde se concentra la mayoría de la población y las infraestructuras más potentes que nos conectan con el exterior supone romper nuestro secular aislamiento, abrir el fondo de saco en que se encuentra el municipio, sin olvidar la necesidad de mejorar la integración intracomarcal de la que Cangas del Narcea es cabecera para muchos servicios, mejorando tanto la comunicación viaria como la red digital. Estas acciones son claves para la supervivencia de un área de montaña como nuestro municipio.
Este conjunto de actuaciones configuraría un modelo aparentemente sencillo, no exento de complejidad y que exige un juego de coincidencias. De manera sumaria podría describirse como la feliz coincidencia en el comportamiento de tres agentes cruciales y necesarios para el buen fin de la propuesta. El primero de ellos sería confianza en el paisano (el ganadero), que deberá mantener sus expectativas de mejora si se le estimula adecuadamente. El segundo, creencia en el papel del mercado como potencial creador de nuevas posibilidades de diversificación: servicios de cercanía, microtalleres de reparación, labores de desbroce, cierres y todo tipo de labores conectadas con la explotación aprovechando la demanda endógena de las instalaciones ganaderas y los recintos para su mantenimiento y mejora y, el tercero, el compromiso y la acción responsable de las administraciones autonómica y municipales. En resumen: confianza en el paisano, creencia en el funcionamiento de ciertos mecanismos del micromercado y compromiso de las administraciones.
Una formulación sencilla. Una apuesta arriesgada por la complejidad creada por las insuficiencias de carácter registral, la indefinición de titularidades, la deficiente gestión de los recursos públicos y otras que se expondrán con mayor detalle en la parte propositiva.
Una situación que, como en todos los sectores que requieren apoyo público, una legitimación de las ayudas que reciben pagadas por los ciudadanos y que producen bienes para el mercado pero también proveen de "bienes sociales", exige lo mejor de la acción pública. Entramos así en el terreno propio de la política.
Liberalización de recursos de valor agronómico. Dos factores, entre otros, condicionan el uso agronómico de la base territorial del concejo de Cangas del Narcea: la altitud y la pendiente. Solamente el 2% del territorio tiene una altitud menor de 400 metros, el 70% se encuentra por encima de los 700 metros (el 23% por encima de los 1200 metros). Además solo el 4.3% de la base territorial tiene una pendiente menor del 20%; el 83,7% supera el 30% (el 48% por encima del 50% de pendiente). Esta configuración física, característica de las áreas de montaña, condiciona su uso agropecuario, dificulta la mecanización, exige el uso pastable a diente y, en general, encarece los costes de explotación.
Sobre esta base fisiográfica, la organización de la propiedad y el régimen de explotación han generado en paralelo con la evolución demográfica y la irrupción de nuevos cultivos, un minifundismo con un excesivo número de parcelas, muy dispersas, que dificultan o impiden por la discontinuidad física la creación de "recintos" (superficie continua de terreno dentro de una parcela con un uso común) de mayor dimensión, más aptos para la utilización de medios mecánicos.
Es verdad que como ha señalado Benigno F. Fano el minifundismo presenta variables diferentes según se trate de "superficie de uso en común" (5,82 hectáreas por recinto) o "superficie privativa" (0,32 hectáreas por recinto). Aún así, se impone como clara exigencia de alcance general la reagrupación de las parcelas y recintos que permita el mejor uso posible de los recursos disponibles. Un diagnóstico generalmente aceptado que no ha tenido una respuesta adecuada por parte de los poderes públicos.
El programa de Concentración Parcelaria se inició a nivel nacional en 1960. La transferencia de competencias al Principado se realizó en 1982. Desde entonces el ritmo de actuación ha sido muy bajo (con un total de 50.000 hectáreas concentradas desde su inicio). Una muestra evidente de la debilidad de la acción pública para gestionar el proceso.
A esta ausencia de vigor se unen ciertas inconsistencias muy notorias: el índice de reducción de parcelas no ha conseguido bajar de 2-3 recintos como resultante final en los casos más favorables. Esta circunstancia ha mermado su incidencia en la mejora de la morfología parcelaria. Como resultado la parcela media resultante posconcentración no sobrepasa, en muchos casos, las 5-6 hectáreas. Una dimensión absolutamente raquítica e insuficiente. Por lo demás, no se ha realizado ningún análisis coste-beneficio que permita contraponer y analizar los beneficios obtenidos y los considerables costes incurridos, tanto los susceptibles de cuantificación económica como los intangibles. En fin, el período medio para materializar el proceso concentrador ha sido excesivamente largo, en ocasiones superior a una década y en muchos casos ha provocado rupturas en la cohesión vecinal, y para finalizar el memorial de problemas, en determinados casos el beneficiario último no resultó ser el explotador directo.
Hechos indiscutibles que aunque invitan a abandonar esta vía de concentración que parece combinar una alta asignación de recursos presupuestarios con unos magros resultados y que presenta límites a su implementación en un área como el Partido de Sierra y en general en el concejo con un 83,7% de superficie con pendiente superior al 30%, no logra arrumbar definitivamente mi defensa de una continuidad selectiva de la Concentración Parcelaria (CP).
La reformulación del actual modelo de Concentración Parcelaria, si se llevara a cabo, habría que introducir el parámetro de "parcela mínima", variable en cada caso, así como mejorar la gestión del proceso, a fin de reducir los tiempos de ejecución, e incrementar la transparencia con información precisa del coste de cada actuación, y analizar caso por caso quién va a resultar beneficiado o mejorado al final del proceso.
