De un tiempo a esta parte el uso de la democracia directa no ha hecho más que incrementar en toda Europa. Es verdad que muchas veces sus defensores inflan las expectativas y piensan que por sí solas reestablecerá la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. También que en ocasiones se ignora que en estos mecanismos suelen participar los que tienen más recursos, sesgando las decisiones frente al tradicional voto en urna. Sin embargo, la experiencia comparada nos muestra que, bien aplicadas, fórmulas de democracia directa son un complemento fundamental a nuestros sistemas de democracia representativas. Unas fórmulas muy diversas según el país y que van desde los presupuestos participativos hasta consultas ciudadanas.
Entre las diferentes medidas de democracia directa recogidas en nuestro ordenamiento están las iniciativas legislativas populares, las cuales permiten que un texto legal pueda ser presentado en una asamblea si la respalda un mínimo de firmas. Estas propuestas suelen venir impulsadas por asociaciones concernidas por temas específicos y no alteran en ningún caso la autonomía de los legisladores para considerarlas o modificarlas. Siendo un mecanismo tan poco intrusivo, se entiende que 22 países europeos, incluyendo España, incorporen algún tipo de previsión al respecto. Hasta la Unión Europea recoge en el Tratado de Lisboa la Iniciativa Ciudadana Europea. Ahora sí, en su uso efectivo Austria es la campeona. Desde 1964 plataformas ciudadanas han conseguido admitir más de 30 proyectos legislativos sobre temas tan diversos como la jornada de 40 horas semanales o la reforma educativa.
Hay algunos aspectos fundamentales en los cuales varía la regulación según el país. De un lado, sobre qué cuestiones materiales puede hacerse la iniciativa legislativa. Aunque no hay consenso, lo normal es que se excluyan materias de derechos fundamentales, temas constitucionales o que excedan las competencias de la institución. Del otro lado, también hay diferentes condiciones para llevarla a término. Sobre esto es particularmente importante el requisito de firmas necesario (que varía desde el 1 al 25% del electorado) y, por descontado, el margen temporal que se permite para su recogida (aunque algunos países no tienen calendario fijado). Las combinaciones son diferentes y puede haber desde las 100.000 firmas en ocho días que hace falta en Austria hasta las 50.000 en tres meses de Lituania.
Un elemento interesante presente en algunos países es una "infraestructura" especializada para dar apoyo a la iniciativa legislativa popular. Por ejemplo, en Suiza existe un servicio de traducción del texto, ayuda a su redacción e información jurídica del proceso. Eso asegura que no haya problemas formales que puedan hacer decaer la propuesta ciudadana durante su tramitación. En otros países, como en Noruega o Suecia a nivel local, existe una oficina especializada que da apoyo financiero y práctico, así como el derecho a que los peticionarios defiendan su iniciativa ante el cuerpo legislativo. No en vano, suele ser en los países con este tipo de asistencia en los que las iniciativas legislativas son más exitosas.
Como mecanismo de democracia directa, la iniciativa legislativa popular tiene una gran capacidad para colocar temas en la agenda política. Gracias a esta vía, asociaciones y ciudadanos contribuyen directamente al proceso político y el sistema puede canalizar mejor demandas ciudadanas concretas. Sirve, por lo tanto, como un canal de entrada para mejorar los temas sobre los que se discute y marcar la agenda institucional. Algo que, bien implementado, puede llevar a decisiones políticas más representativas de los intereses de los ciudadanos. En España aún tenemos margen de mejora en este sentido y, probablemente, sin ser una fórmula mágica, puede ser un instrumento más para ayudar a que los ciudadanos tengan más voz en el proceso político. Dada la necesidad que tenemos de mejorar y prestigiar nuestras instituciones es una herramienta que merece la pena explorar.
