Vaya por delante que soy defensor de la participación pública, mediante representantes de colectivos, en los órganos reglados de gestión y de conservación de la naturaleza. De hecho, he actuado como representante de las entidades conservacionistas en el Comité Consultivo del plan de gestión del lobo en Asturias durante 13 años, desde su constitución inicial en 2004 hasta hoy.
Sin embargo, las cosas han cambiado tanto en estos años que lo que parecía útil y justificado en aquél tiempo no me lo parece hoy: el propio plan de 2003 (del que emanaba el comité de participación pública) ha sido llamativamente modificado en 2015 y por tanto la oportunidad y legitimidad de la representación, pero también las supuestas justificaciones de las medidas de gestión aplicadas, tanto a la población de lobos como a las compensaciones por daños a la ganadería.
En 2003 la administración asturiana pretendía gestionar la población de lobos a través de una herramienta (el plan); gestionar suponía (al menos así lo entendimos en aquel momento) que debía atender al mandato de conservar la población de lobos y al tiempo manejar los conflictos y tensiones derivados de la depredación al ganado. El plan nos pareció a algunos lo suficientemente aceptable como para hacer alegaciones menores y comprometernos en la participación en el comité; una participación que suponía discutir las medidas de gestión que propusiera la administración, y fiscalizar, en un sentido constructivo, la aplicación del plan. Considero que la participación de todos los representantes (incluidos los de la administración y los de los representantes agrarios, y espero que también la mía) en el comité durante los primeros años de andadura fue bastante leal y constructiva, sin muchos sobresaltos ni conflictos. El plan tenía dos ejes básicos: las compensaciones por daños y los controles (eufemismo por matar lobos), y aunque probablemente ninguno de los vocales estaba completamente feliz con la política del Principado, era soportable para todos (a tenor de la baja intensidad de tensiones y conflictos entonces, y de la constructiva participación de los vocales).
Pero la andadura empezó a torcerse con la entrada de nueva Consejera y nuevo director general en 2008, cuando tras someter a revisión el plan (un fiasco, dado que la revisión no se aprobó) se incluyó la trampa de las zonas "sin gestión" (otro eufemismo para ocultar la gestión por extirpación), las batidas supuestamente excepcionales, y sobre todo, al incluir los controles de población como acción fundamental de la gestión. De hecho, los programas anuales de actuaciones de entonces pasaron a denominarse programas anuales de control poblacional, un cambio mucho más que retórico, y que inició la deriva que ha desembocado en el absurdo esperpento actual.
Pero antes ya se estaban poniendo los cimientos para el desastre: en 2000 el director adjunto del Parque Nacional de Picos fue condenado por falsear expedientes de daños de lobos, en 2004 ganaderos se manifestaban en Picos para exigir el exterminio (sic) del lobo (que la directora general de agroalimentación de entonces consideraba una 'reivindicación justificada e histórica', sic), y también en 2004 un biólogo del Parque Nacional eliminó a pedradas a siete cachorros de lobo recién nacidos en el interior del parque, en uno de los episodios más vergonzosos de la historia de la conservación de la naturaleza en nuestro país (vergüenza que quedó sellada al ser absuelto de responsabilidad).
Al tiempo, los datos oficiales de las compensaciones por daños empiezan a mostrar en esos años los primeros síntomas de abuso, con casos de ganaderos que recibieron pagos por 65 expedientes de daños en 2009 (!¡) sin que el Principado parezca hacer nada, mientras los representantes de los sindicatos agrarios (de hecho, los nuevos representantes en el comité) comienzan una huida hacia adelante con un discurso cada vez más agresivo, que sin duda acaba condicionando a la administración. Así, los cupos de extracción anuales de lobos pasan de, en promedio, menos de 20 ejemplares anuales entre 2004 y 2009, a los 32 en 2010, a 45 en 2011 y a 66 en 2012. Al tiempo, se van acumulando evidencias técnicas y científicas de que los controles de población no sólo no sirven para rebajar las pérdidas de ganado sino que las pueden incrementar (a no ser que se extirpe prácticamente la población de lobos, para lo que hay algunas dificultades logísticas, legales, sociales y biológicas, por ejemplo), mientras el Principado, cada vez más claro rehén de un discurso brutal y amenazante por parte de representantes de colectivos sociales, sigue con sus expectativas maximalistas de solucionar la gestión a tiros.
La polémica de nuevos indicios de abusos en los sistemas de compensaciones de daños (dobles cobros, que el Principado se negó en su momento a indagar, a pesar de que el aviso lo había dado la propia compañía de agroseguros, que recibe fondos públicos) no sólo no rebaja la tensión de los señalados, sino que aumenta su vehemencia y coincide con la aparición en escena de la indescriptible plataforma "con lobos no hay paraíso" (que recibe el apoyo público de la actual consejera en medios de comunicación).
Con ese panorama llegamos a 2013, en que el Principado anuncia la revisión del plan de gestión y la elaboración de un nuevo documento. Y aunque parecía que la cantidad de despropósitos no podían ya aumentar más, lo hacen. Este represente de las entidades conservacionistas recibe el agradecimiento público de la nueva directora general por mostrar lealtad todos estos años hacia el comité consultivo, para recibir poco después un ofensivo desprecio, que conduce a mi negativa a acudir a las discusiones del comité pero seguir participando en el mismo (una decisión que, por cierto, es calificada en público por la actual consejera como "impresentable" ; creo que es la única vez que la consejera ha usado ese calificativo para el comportamiento de un miembro del comité; y por cierto, he de decir aquí que soy el vocal de colectivos sociales que más veces ha asistido a las reuniones del comité, y me remito a las actas).
La aprobación del nuevo plan, que sanciona los controles de población de lobos como la herramienta básica para resolver la gestión (contra toda evidencia empírica, técnica, científica, o verificable) y el asombroso reconocimiento por parte del Principado de que los controles de población no se hacen para rebajar los daños, sino simplemente porque es una obligación legal (sic), una obligación dada por el propio plan de gestión, lleva el asunto al círculo del absurdo perfecto.
Si alguien (yo mismo) interpreta que la Directiva Hábitats no permite explotar las especies del anexo V porque sí, sino que ha de justificarse la necesidad de hacerlo, o que las especies incluidas en el anexo III del Convenio de Berna son especies protegidas, pero técnicos del Principado interpretan que dichas especies equivalen a especies cinegéticas, entonces parece evidente que tenemos un problema monumental y que no tiene nada que ver con los lobos.
Está claro que las normas se promulgan pretendiendo ser justas, pero creo que es indispensable que sean comprensibles y que estén motivadas. Confieso mi creciente incomprensión de un marco legal que en teoría ha de servir para facilitar la gestión y la conservación de la naturaleza. En dicho marco legal se inscribe el actual plan de gestión del lobo en Asturias y el propio comité consultivo que regula y promueve la participación pública, mediante representantes de colectivos sociales.
Con este panorama: ¿es útil participar en el actual plan de gestión del lobo en Asturias?
Mi opinión es que, en las actuales circunstancias, no.
