En política, y en la vida misma, suele darse por bueno el consejo de que las guerras, mejor de una en una. La Consejería de Educación se metió estos días en dos a la vez, con el consiguiente esfuerzo sobrevenido. Uno de los conflictos era de paso obligado. Ocurre cada cuatro años y a partir de ahora ocurrirá cada seis por imperativo Lomce. Se trata de la polémica por el recorte de aulas concertadas que, de forma cíclica y un tanto cansina, resucita el debate sobre el modelo educativo. Los criterios de unos y otros nos los sabemos de memoria.
La segunda guerra surgió esta semana, un tanto sorpresivamente, en la Junta General del Principado, cuando el consejero Genaro Alonso cifró en 44 las aulas de la red pública que también caerían para el próximo curso escolar. El argumento venía a contrarrestar las protestas de los sindicatos y la patronal de la red privada concertada, que desde hace años sienten el aliento del "tío del mazo" (es terminología ciclista y metafórica, nada que ver con el titular de Educación) cada vez que tienen que enfrentarse a una renovación de conciertos. Cierran aulas de la concertada y cierras aulas de la pública. Conclusión: protestan todos.
Al calor del fin de semana, ayer hubo ocasión de escuchar reacciones, más previsibles -todo sea dicho- que un semáforo. El diputado de Foro, Pedro Leal acusa a Educación de actuar "con prejuicios ideológicos" contra la concertada, abocando a medio plazo al cierre de algunos colegios. Foro da por hecho que el cierre de 32 unidades es definitivo pero los responsables de algunos de los centros afectados no pierden la esperanza.
A las críticas de Foro se sumaron ayer las de Ciudadanos, cuyo portavoz en la Junta, Nicanor García, lamenta que el número de aulas cerradas se decida "sin haberse iniciado aún el periodo de matriculación en los centros educativos". Ciudadanos quiere conocer "los criterios utilizados para la previsión del cierre de unidades concertadas".
Son criterios demográficos, claro está; otra cosa es cómo se gestionen, y ahí debería estar abierto siempre el debate. Al fin y al cabo se trata del área de administración más sensible y en la que más nos jugamos. No está de más recordar algunos datos: en 2009 nacieron en Asturias 8.210 bebés, que en su gran mayoría se incorporaron a las aulas del segundo ciclo de Infantil en el curso 2012-13. El año pasado hubo en la región 6.400 nacimientos, quinto ejercicio consecutivo a la baja. Con un buen número de inmigrantes, con niños, que abandonaron la región por falta de oportunidades y acuciados por la crisis, el panorama ofrece pocas dudas.
La mayoría de las escuelas rurales asociadas a los CRA asturianos, las escuelinas de periferia de toda la vida, sobrevive con el agua al cuello por falta de niños. El límite impuesto por la Consejería de Educación (cuatro niños o incluso cierre solo temporal si hay expectativas de alumnado para cursos siguientes) no estira más de lo que ya estiró porque además existen criterios pedagógicos que desaconsejan el mantenimiento de una unidad por debajo de determinado número de escolares. O se fija población o estamos ante una cascada de cierres a lo largo de la próxima década. Es lo que hay.
Pero a primeros de abril, con la Semana Santa a la vuelta de la esquina y todavía con 43 días lectivos de por medio para finalizar el curso en Infantil y Primaria (tres más en Secundaria), abrir la más que previsible espita de las críticas por los 44 cierres anunciados en la red pública asturiana no ayudó precisamente a la calma. Sorprendió el número tan exacto. No son "en torno a 45" ni "algo más de 40". No. Son 44, y se supone que ya con "nombre y apellidos".
No trascendió la ubicación de las bajas pero es seguro que buena parte de ellas afectan a colegios públicos en concejos donde no hay presencia de la red concertada. El argumento de que mientras haya un concierto educativo no se debe cerrar una escuela pública sirve para el ring ideológico, muy respetable si evitamos los mordiscos a la oreja, pero choca contra la geografía. A partir de ahí se podrá debatir sobre en qué grado la red educativa pública asturiana se resiente de una financiación insuficiente, y en qué medida esa financiación está condicionada por los fondos públicos que sostienen a la red concertada en la comunidad. Y, ya que estamos, de qué forma la concertada "ahorra" gastos a la Administración, que es un caballo de batalla que le entusiasma recordar a la patronal privada.
No queda mucho margen de maniobra, y esta es una verdad que trasciende del color político de quien gobierne en Asturias, una de las regiones más envejecidas de Europa, con una tasa de dependencia (porcentaje de mayores de 65 años y menores de 16 sobre el total de la población) disparada, pero en el peor de los sentidos.
Ojalá tuviéramos una riada de niños; no es así. Lo que tenemos es una riada de mayores, que está muy bien siempre que la pirámide de población no amenace con desplomarse por su estrecha base. Es una cuestión de Física básica y de Geometría para párvulos. Incluso de sentido común.
