Economista

Luces y sombras en el proceso de concentración parcelaria en Asturias: un debate necesario

La conveniencia de un análisis a fondo de las consecuencias de los procesos de reunión de parcelas en el medio rural

Alberto González Mangas, jefe del servicio de Infraestructuras Agrarias de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, en carta abierta publicada en LA NUEVA ESPAÑA del pasado 12 de mayo, analiza mi trabajo "Cangas del Narcea: El mundo rural que viene", con una interesante y documentada aportación de datos en los que muestra los resultados positivos obtenidos, durante los últimos veinte años (1996-2016), en el proceso de concentración parcelaria realizada en el Partido de Sierra de Cangas del Narcea.

El tono mesurado y conciliador de la misiva y la importancia del tema me exigen una reflexión, que no una contestación, sobre lo que considero que son aspectos fundamentales del proceso de concentración parcelaria que no aparecen reflejados en las estadísticas más al uso. Éstas incorporan habitualmente datos referidos exclusivamente a los parámetros más visibles de las realizaciones (inversiones, hectáreas concentradas, etcétera), pero omiten otros que albergan información sensible cuyo conocimiento resulta crucial para valorar en su conjunto los resultados del proceso. Normalmente, éstos permanecen soterrados, sin visibilidad, aunque sean fuente de suspicaz y extendido comentario tanto en las esferas de la Administración como a lo largo y ancho del mundo que denominamos rural.

Encuentro, además, una motivación añadida en la declaración de mi comunicante cuando señala: "... creo que siempre es importante sumar nuevos análisis y propuestas para tratar de revertir o, al menos, paliar el efecto más traumático de la crisis agraria, es decir, el abandono del campo".

Sintiéndome en buena compañía en este objetivo compartido, intentaré desgranar algunas cuestiones que no invalidan el excelente trabajo de los expertos del área de la concentración parcelaria; aspectos de la mayor relevancia que suelen permanecer si no inéditos, sí preteridos, de difícil acceso salvo para técnicos interesados u otros circunscritos a círculos académicos; datos y análisis que resultan de conocimiento inexcusable para una completa evaluación de los resultados de la concentración y de cómo ésta distribuye sus beneficios entre los diferentes actores del mundo rural. Una cuestión del mayor interés y de obligada presencia en la información pública.

No he encontrado discrepancias dignas de mención salvo en un dato cuantitativo sobre la superficie total concentrada: aporté la cifra de 50.000 hectáreas, cuando es algo más. Lo cierto es que el guarismo sólo trataba de expresar una referencia, un orden de magnitud, a fin de revelar el ritmo cansino del proceso en relación a la apremiante demanda de aumentar y mejorar el terrazgo de la sociedad rural.

Trataba de poner de manifiesto que la labor de concentración parcelaria (transferida al Principado de Asturias hace 37 años), manteniendo el ritmo medio histórico de hectáreas concentradas, podría abocar a un mundo rural caracterizado por una alta supervivencia de propietarios y titulares, sin explotadores directos, dado el ritmo de abandono y cierre de explotaciones. Para este objetivo, la precisión estadística sobre las hectáreas concentradas resulta irrelevante.

No he mantenido, ni mantengo, una opinión contraria a la concentración parcelaria, ni he negado un hecho evidente, indiscutible y positivo: donde se ha realizado se ha incrementado la cabaña media por explotación, el porcentaje de supervivencia media de las explotaciones es más alto y las obras de infraestructura realizadas en paralelo han mejorado las condiciones de vida de los beneficiarios. Añadiría algo más de mi propia cosecha: he sentido la satisfacción de muchos "paisanos", expresada de palabra y visible en sus rostros, y he palpado la existencia de una importante demanda social en favor, y en ansiada espera, de la concentración.

¿Cuál es entonces el problema? Radica en que este proceso "incrementalista" que mejora el nivel de renta y de bienestar de los campesinos se encontraba antes y seguirá estando al final del proceso de concentración a una distancia exorbitante del umbral de dimensión (medida en base-tierra y número de cabezas) necesario para lograr una explotación tipo, capaz de alcanzar un razonable nivel competitivo en una parte importante de las explotaciones.

Con todas las reservas, dado el diferente valor agronómico del suelo, su fertilidad, la mayor o menor eficiencia en la gestión de la explotación, la adaptación a la evolución de los precios y de la normativa de las ayudas para reorientar el ciclo productivo de la carne, etcétera, que impiden fijar una dimensión unívoca capaz de alcanzar el umbral de rentabilidad, podríamos acordar, con cierta benevolencia y las limitaciones expresadas, que con 80-90 hectáreas (un reducido número de parcelas y recintos), sostén de 90-100 nodrizas y una controlada aportación de insumos externos, podríamos hablar de una explotación potencialmente sostenible.

El análisis del cuadro que aporta Alberto G. Mangas confirma la enorme distancia que separa la dimensión media resultante de la concentración en el Partido de Sierra respecto del ideal que imaginamos anteriormente. Una evolución desde 17,42 a 34,50 cabezas/explotación en 20 años muestra un esfuerzo loable pero claramente insuficiente, muy alejado de los parámetros necesarios para acercar el nivel de rentas y de bienestar de las familias campesinas a la media de las clases urbanas, objetivo último, no se olvide, de la política agraria y de desarrollo rural.

Además, el territorio escogido, Partido de Sierra, presenta la peculiaridad de albergar varias aldeas convertidas en centros ganaderos y una singularidad, cuya extrapolación tanto al resto del propio Partido de Sierra como a una gran parte del territorio cangués resulta forzada como modelo a imitar, a pesar de lo estimable de sus resultados.

Sin ignorar la enorme complejidad de cualquier proceso de concentración parcelaria (el difícil acuerdo de voluntades, su obligada lentitud, los problemas derivados del deficiente o inexistente deslinde, las enrevesadas titularidades en la propiedad colectiva del suelo, etcétera), resulta sorprendente que la información soslaye la respuesta a las grandes preguntas que flotan en el ambiente pero que no aparecen en los debates sobre los resultados de la concentración, dado que en la respuesta a esas preguntas se encuentra la raíz misma de la acción política, los principios que la inspira, sus programas y la base informativa para su evaluación.

Elijo algunas entre otras muchas: ¿Para quién se hace la concentración parcelaria? ¿Para el que mantiene la propiedad o la titularidad o para el explotador directo? ¿En qué situación se encuentran las áreas concentradas años después de la finalización del proceso? ¿Se realiza un seguimiento sistemático con posterioridad? ¿Cómo se eligen y en base a qué criterios las nuevas áreas a concentrar? ¿Al ritmo que lleva el proceso, cuántos años se necesitarían para finalizar las áreas potencialmente concentrables si esta última información fuese conocida? ¿Sirve la concentración para incrementar el tamaño de la superficie total de las explotaciones? ¿Qué papel juegan las herencias en la repartición de la superficie concentrada?

Preguntas inquietantes, que no acusatorias, que tratan solamente de esclarecer y, si es posible, interesar a los servicios encargados de la concentración parcelaria y a los poderes públicos con responsabilidad directa en la misma en la formulación explícita de los principios que la inspiran, única manera de poder evaluar la bondad de sus resultados.

En LA NUEVA ESPAÑA del 12 de febrero de 2017 propuse, en la parte propositiva de mis entregas, una serie de acciones de las que entresaco, por citar una de carácter previo y de la mayor importancia, la necesidad de intervenir sobre el "espacio del pasto arbustivo" (306.085 hectáreas, 28,8% del territorio regional), que en general tiene escasa presencia forestal y posibilidades, si bien limitadas, para su aprovechamiento como pastizal. Además, la región alberga 407.069 hectáreas de montes de titularidad pública. Cangas del Narcea tiene el 58% del total de las 91.079 hectáreas de "proindivisos". Cifras elocuentes que señalan por dónde hay que canalizar el desbroce jurídico. Un trabajo ingente, prolijo y complejo y, por invisible, carente de rentabilidad política a corto plazo, que constituye junto a la "información microestadística" sobre los parámetros fisiográficos y de potencial uso pastable la base de partida para inventariar las áreas y espacios rurales con potencialidad para incrementar el bien escaso por antonomasia del territorio rural: la escasa superficie para pasto.

Éste es el ímprobo trabajo que corresponde impulsar a los poderes públicos.

Un plan a largo plazo compatible con una propuesta que traslado, públicamente, a los servicios con competencia en esta materia: ¿por qué no empezar con un sencillo estudio descriptivo sobre las 20 primeras y 20 últimas concentraciones? Serviría para responder a las preguntas realizadas anteriormente, obviaría muchas suspicacias y constituiría un ejercicio saludable de apertura informativa que agradecería la sociedad asturiana y particularmente la campesina.

Recojo la acertada cita de mi comunicante de que "... no hay proceso de reforma estructural más lento que aquél que nunca se empieza y siempre está pendiente" para insistir en la propuesta, dado que la información real, verazmente expuesta, de lo realizado constituye el primer y necesario paso para la formulación de una política que corrija errores, si se han producido, y se oriente a partir de la experiencia acumulada en el propio proceso.

Doy por hecho que el talante abierto y dialogante mostrado por Alberto G. Mangas es la norma y no la excepción entre los funcionarios públicos de toda escala y condición. Un activo a cuidar por los poderes públicos, imprescindible para afrontar la complejidad de la tarea que espera.

Le agradezco también su salida a los medios -en este caso, en LA NUEVA ESPAÑA-, una forma de "sacar de los despachos" un tema de vital importancia para el futuro de los ganaderos, las comarcas y la región en su conjunto.

Sólo un debate abierto y profundo que implique a amplios sectores de la sociedad asturiana -que escuche a los agentes interesados en el cambio: los campesinos- puede propiciar la formulación de un diagnóstico veraz y operativo sobre la situación actual, condición para la ejecución de la política adecuada.

Un análisis que no permite un relato binario, y menos excluyente, al servicio del objetivo prioritario de tratar de detener la hemorragia poblacional y el lento pero inexorable abandono de explotaciones.

Ésta es la reflexión, compatible con la necesaria y razonable presentación de las realizaciones de la concentración parcelaria, a la que invito a participar a todos los interesados en el futuro del mundo rural.

Un debate al que todos estamos llamados.

Compartir el artículo

stats