Las últimas encuestas trimestrales de población activa confirman que se sigue destruyendo empleo público. El sector público es el más relevante desde el punto de vista de la atención a toda la ciudadanía: policía, protección civil, atención a la diversidad y sanitaria, salud pública, educación e investigación son sectores fundamentalmente públicos y, por lo tanto, es importante analizar el efecto que tienen los recortes en estos ámbitos, centrándonos ahora en los relativos a la institución que realiza la tarea de la educación superior y del 90 % de la investigación, es decir: la Universidad.
Los recortes en la Universidad han sido dramáticos. En total, las universidades públicas españolas han perdido desde 2011 casi 8.000 puestos de trabajo, de los que 5.500 eran Personal Docente e Investigador (PDI) (un 4,6% menos) y unos 2.500, Personal de Administración y Servicios (PAS) (una caída del 4,5%). En la Universidad de Oviedo la situación es incluso un poco peor de lo que reflejan estos datos globales. La Universidad de Oviedo recibió en 2009 218.239.388 euros, con un incremento del 14.14 % sobre el presupuesto del 2008, cerrando así un ciclo de crecimiento en el esfuerzo de la sociedad por poner a su universidad a la altura de las universidades europeas. Desde entonces, no hemos hecho más que perder financiación y con ella capacidad de realizar nuestras tareas. En 2016 la Universidad de Oviedo recibió 195.994.885 euros. A esta pérdida hay que añadir la pérdida en contratación. El profesorado se ha reducido en un 7%, pasando de 2.132 en 2009 a 1.982 en 2017. El PAS, en ese mismo periodo, ha pasado de 1.040 a 992 (un 5% de reducción). A esto hay que añadir el recorte en nuestros salarios y la pérdida de poder adquisitivo. Todos los empleados públicos han perdido un 13% de su poder adquisitivo. En la enseñanza universitaria se apunta un 25 % de pérdida desde 2010. Esta situación ya generó una huelga el pasado 9 de marzo de 2017.
Todos los sindicatos de la Universidad de Oviedo (UGT, CC OO, CSIF, SIPU-SAIF y CSI) han suscrito el manifiesto en el que se exige que el acuerdo que permite a la administración pública la convocatoria de plazas de estabilización, hasta un máximo del 90% de aquellas ocupadas de forma temporal e ininterrumpida, se aplique también al PAS. Durante la tramitación en el Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2017, hemos logrado que se incluya en dicha previsión de estabilización al PDI, inicialmente excluida, pero nuevamente ha sido postergado y excluido de la estabilización el PAS de las universidades.
Consideramos que las universidades constituyen instituciones de servicio público integradas, a cuyas finalidades docentes, investigadoras y de transferencia del conocimiento contribuyen coordinadamente todos los colectivos profesionales que trabajan en ellas, incluidos tanto el PAS como el PDI.
Desde los órganos de representación de todo el personal universitario rechazamos la división arbitraria establecida, pues sabemos que los recortes en el PAS repercuten en un incremento del trabajo no docente del profesorado y en una degradación del servicio que la universidad presta a la sociedad. Por ello, valoramos que la exclusión del PAS de la vía de la estabilización laboral es absolutamente irracional e injusta, y que debería ser subsanada durante la tramitación y final aprobación del Proyecto de Ley PGE 2017 por parte del Senado.
