Los medios de comunicación, las interpelaciones parlamentarias y otras fuentes van dando a conocer algunos aspectos relevantes del informe de auditoría sobre Sogepsa, elaborado por la iniciativa de los grupos parlamentarios de la oposición, que tenía como objetivo evaluar la eficacia y eficiencia en la gestión y uso de los recursos públicos por parte de esta entidad.
La eficacia de la gestión de Sogepsa ya era conocida antes de la auditoria y no puede ser más clara y contundente: después de ser privilegiada con 10 millones de metros cuadrados expropiados, se encuentra en una situación técnica de quiebra, endeudada, en pérdidas, sin capacidad financiera para finalizar las urbanizaciones iniciadas, pendiente de ser liquidada o nacionalizada , con la intención de traspasar su deuda a los contribuyentes y así liberar a los socios privados de sus obligaciones con las deuda contraída y todo ello después de haber incumplido con su negocio las directivas comunitarias en materia de transparencia y concurrencia competitiva. Además de operaciones investigadas en este momento por la Fiscalía.
Las primeras informaciones que circulan sobre esta auditoría apuntan a que el análisis y la investigación se ha centrado en los gastos y nada se dice del uso de su principal recurso y el único que genera ingresos: la venta de las parcelas, por haber privado Sogepsa de documentación e información a los auditores sobre planes de viabilidad y beneficios de cada proyecto y por no informar a los auditores del sistema de fijación de precios de venta. Cuestiones, ambas, más que suficientes para que se enciendan todas las alarmas.
Esta privación de información a la parte auditora es de tal calado, que podría haber permitido a los auditores a renunciar a la ejecución del trabajo encomendado. En una empresa normal la discrecionalidad y arbitrariedad de los gestores se vincula al gasto, siendo los ingresos la variable más controlada por depender de ellos su supervivencia y por haber intereses contrapuestos entre vendedor y comprador en la fijación de los precios de las operaciones. En este sentido Sogepsa es una sociedad atípica donde además de la arbitrariedad para despilfarrar sin control alguno en el gasto, se da la circunstancia que en las operaciones de venta intervienen, accionistas privados que simultáneamente son vendedores y compradores de las parcelas o bien los compradores son otros que pertenecen al mismo gremio, y la formación de los precios de transferencia de las parcelas no responden a intereses antagónicos, en muchos casos, sino al mismo interés y su supervivencia, la de Sogepsa, no depende únicamente de sus ingresos, sino del apoyo público y de expropiaciones por debajo del precio de mercado. Escenario que requiere un riguroso y exigente control externo que siempre ha estado ausente
De ahí que uno de los objetivos de esta auditoría debería haber sido la investigación sobre la distribución de los beneficios de cada proyecto: de Sogepsa y de los constructores, para conocer si los beneficios que le corresponden a Sogepsa por su papel de inversor estaban en su patrimonio o se desviaron a otros. Esta investigación era clave para conocer la eficiencia, la eficacia y el uso de los recursos públicos.
A los expropiados no nos sorprende lo que ha transcendido de la auditoría: que Sogepsa no ha facilitado a los auditores los planes de viabilidad de los proyectos. Es grave. Se ha ocultado información relevante a los auditores y se ha obstruido una labor que respondía a un mandato de la Junta General del Principado
Hay que decirle a la opinión pública, a ver si de una vez desenmascaramos lo que es Sogepsa, que los planes de viabilidad de los proyectos forman parte del expediente de expropiación que elabora Sogepsa, y que además de en sus archivos, también obran en poder de la CUOTA, Jurado de Expropiación, Consejería de Infraestructuras, cuya titular era presidenta de Sogepsa.
Si todos han extraviado el expediente, los expropiados de la Magdalena podemos facilitarles una copia para que vayan reconstruyendo su memoria documental. La opacidad y negativas a dar explicaciones sobre el destino y beneficiados de las primas de riesgo/beneficio del proyecto de la Magdalena presiden la conducta de responsables políticos.
Comportamientos alineados con la estrategia de Sogepsa de evitar ser fiscalizada, incluso por la Sindicatura de Cuentas, y que le llevó, como ahora desvela la auditoría, a encargar informes jurídicos por 110.000 euros en la búsqueda de argumentos jurídicos para evitar su fiscalización. Y por si esto no fuese suficiente se ha gastado unos 140.000 euros en una campaña publicitaria para manipular y engañar a la opinión pública en el mismo sentido.
Hemos solicitado por escrito en diferentes momentos y a diferentes responsables políticos, explicaciones sobre los beneficios de los proyectos y su distribución. En diciembre de 2007 en la firma de actas de ocupación, donde la respuesta de Sogepsa, Ayuntamiento de Avilés y Consejería Infraestructuras fue muy clara: si no están de acuerdo háganlo constar en acta. Desde 2007 y hasta la fecha, las mismas cuestiones hemos planteado a los responsables de de Infraestructuras y presidencia de Sogepsa. La respuesta fue el silencio.
En octubre del 2012, similares cuestiones se plantean al actual consejero de Infaestructuras y próximo Presidente de Sogepsa, en calidad en aquel entonces de portavoz de su Grupo Parlamentario. No hemos recibido explicación. En diciembre de 2013, de la entonces Alcaldesa de Avilés y consejera de Sogepsa, la respuesta no ha podido ser otra: más silencio. Es a lo que estamos acostumbrados los expropiados cuando preguntamos a algunos políticos por sus expolios, aunque a veces la CE nos escucha y nos ampara.
Este silencio no ha sido solo para los expropiados. También lo ha sido para una expresa pregunta parlamentaria, publicada en el Boletin Oficial de la Junta, en junio de 2016, de un diputado relativa al reparto de la prima de riesgo/beneficio y del sobreprecio de las viviendas del proyecto de la Magdalena, que no ha recibido respuesta a la fecha. Pero es difícil silenciarlo y ocultarlo todo. Y a veces, hay datos que delatan lo que se pretende que no sea conocido. Porque también ha transcendido del informe de auditoría que el beneficio neto medio real por vivienda para Sogepsa en el proyecto de la Magdalena ha sido del orden de 90 euros/vivienda, que contrasta con el margen de casi 50.000 euros/vivienda que se deduce del plan de viabilidad y expediente expropiatorio del proyecto que Sogepsa ha ocultado a los auditores. Ambas cifras refuerzan e ilustran nuestras tesis de que existen indicios, por decirlo de una forma prudente, de que parte del beneficio del proyecto que correspondía a Sogepsa como inversor se ha transferido al sector privado y que es necesaria una investigación exhaustiva.
Ha tenido un oportunidad de oro Sogepsa de desmontar nuestras tesis mediante el informe de profesionales objetivos e independientes. La han desaprovechado y siguen guardando silencio. Ante la tomadura de pelo de solo caben, a nuestro juicio, dos opciones: obligar a Sogepsa que entregue a los auditores la documentación o remitir los hechos a la Fiscalía para que actúe.
