Secretario ejecutivo de transparencia del PP

Transparencia, sí; menos burocracia, también

La posibilidad de evitar la duplicidad de organismos y favorecer la simplificación administrativa

Recientemente finalizó el plazo para la presentación de enmiendas al proyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno. Se trata de la iniciativa del Gobierno del Principado para el desarrollo en nuestra región de la legislación básica contenida en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen gobierno, promovida por el Gobierno de la nación la pasada legislatura. De este modo, si bien el desarrollo y adaptación en nuestro ámbito autonómico de la ley nacional no es reprochable, cabe señalar como primera consideración que el pleno cumplimiento de la legislación básica sería suficiente para asegurar un nivel satisfactorio en materia de transparencia y buen gobierno. En este contexto, el grupo parlamentario del Partido Popular en la Junta General del Principado de Asturias es el único que ha utilizado el trámite de enmiendas para intentar corregir una de las principales carencias del proyecto de ley del Gobierno socialista, que no es otro que engordar el sector público regional con la excusa de la transparencia y el buen gobierno.

El proyecto de ley crea un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias, como organismo autónomo que "tiene por finalidad promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones en materia de buen gobierno" (artículo 67 del proyecto de ley). Pues bien, a nivel nacional ya existe un órgano que se llama exactamente igual, Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, cuyos fines de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 19/2013 son los siguientes: "promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno." En consecuencia, estamos ante la misma práctica en que se ha incurrido por parte de las Comunidades Autónomas en tantas ocasiones, que no es otra que la duplicación en el ámbito regional de órganos estatal preexistentes. Por lo expuesto, el Partido Popular de Asturias plantea que dicho Consejo no se cree en el ámbito de nuestra región.

¿Por qué los socialistas siguen poniendo el deseo de acumular poder en forma de nuevos órganos con nuevos cargos políticos por encima de la defensa del interés general? Comunidades como Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria y la propia Asturias hasta el momento, han encomendando al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal la resolución de las reclamaciones administrativas para el ejercicio del derecho de acceso a la información, que en realidad es la función más importante de las atribuidas al órgano que se pretende crear en el ámbito autonómico. ¿Por qué no seguir como hasta ahora, evitando así la creación de un nuevo organismo autónomo con el coste que ello supone? ¿Se han creado órganos similares en otras regiones? Sí, y en algunos casos gobierna el Partido Popular, pero al margen de cuestiones partidarias, el mejor servicio que podemos prestar a nuestros conciudadanos es llevar a la legislación del Principado las mejores opciones posibles, y eso pasa por simplificar las estructuras administrativas.

En la misma línea, el proyecto de ley del Principado propone la creación de la Oficina de buen gobierno y lucha contra la corrupción. En este caso, y en un intento de optimizar y fortalecer la organización ya existente, el Partido Popular ha presentando enmiendas para fusionar dicho órgano con la Inspección General de Servicios. En la propuesta del grupo popular, no sólo se garantizar que al frente de la Oficina haya un funcionario de carrera nombrado por el procedimiento de concurso, sino que se plantea la existencia de una garantía legal de independencia en el sentido de que el director y el personal de la Oficina, "no podrán recibir órdenes ni indicaciones por parte de altos cargos, cargos políticos o titulares de otros órganos al objeto de orientar o condicionar el ejercicio de las funciones que el ordenamiento atribuyó a la Oficina de buen gobierno y lucha contra la corrupción." Por consiguiente también en este caso el Partido Popular armoniza la regulación de fondo con la austeridad y la racionalidad en la organización administrativa, algo que el proyecto de ley del Gobierno del Principado obvia por completo.

Las enmiendas del Partido Popular de Asturias al proyecto de ley de transparencia y buen gobierno hacen hincapié en un principio general de buena administración, cual es la necesidad de que cada norma que se tramite, sea del rango que sea, debe procurar la simplificación administrativa, tanto en el plano de las cargas para la Administración y los ciudadanos, como en de la organización.

Aprovechemos los mecanismos de cooperación con otras Administraciones. No creemos nuevos órganos si podemos disponer del servicio de otros preexistentes, y exploremos las opciones de fusión e integración.

En definitiva, concentremos el dinero público en lo verdaderamente esencial. No distraigamos recursos y esfuerzos creando organismos y estructuras al servicio de la mala política, que es la que derrocha. Una Administración poderosa no es la más grande y sobredimensionada, sino la que resuelve los problemas de su competencia de manera ágil y eficiente, esto es, con el menor consumo de recursos posible. Por todo ello, sería una excelente noticia para Asturias que las enmiendas del Partido Popular pasen a integrar el contenido final de la ley que la Junta General apruebe.

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