Ha finalizado la parte indagatoria de la Comisión de Investigación creada en la Junta General del Principado para investigar presuntas irregularidades cometidas en la gestión de las listas de espera sanitaria. Como parte integrante de dicha Comisión, desearía compartir con los profesionales del sistema sanitario asturiano y con los ciudadanos y ciudadanas una serie de reflexiones.
La primera de ellas es la necesidad de pedir disculpas. Por un lado, a los noventa y nueve profesionales sanitarios que recibieron en sus domicilios una citación para comparecer ante una Comisión de Investigación en la que se les informaba de que deberían contestar acerca de supuestas irregularidades en la gestión y en los sistemas de control de las listas, y se les advertía de que si no comparecían podían ser castigados como autores de un delito de desobediencia, de que tenían la opción de no declarar contra sí mismos y de no confesarse como responsables de ilícitos penales o administrativos. Permítanme que me dirija a ustedes de una manera directa: ¿Les sorprenden tales requerimientos? ¿Acaso pensaban ustedes que una comisión de investigación es un pellizco de monja? No lo es. Basta para saberlo con hacer un ejercicio: pónganse en la piel de cualquier persona que, por motivo de su trabajo, recibe una citación en el buzón de su casa de ese tenor. Pero también quiero disculparme con aquellas personas que, trabajando cada día en el sistema sanitario asturiano, han sentido que injustamente se hacía recaer sobre ellas las sospechas de un actuar corrupto y, en todo caso, poco diligente. Baste recordar el bochornoso espectáculo de todo un presidente de la Comisión que imputó la pérdida de órganos destinados a trasplantes a profesionales del sistema, causando la alarma de asociaciones de enfermos y, en general, de todos los ciudadanos, para retractarse de dicha acusación pocas horas después, atribuyéndola a un "error".
Pero no acaba aquí la petición de disculpas. También quiero pedir perdón por las falsas expectativas generadas a ciudadanas y ciudadanos en general. Sinceramente: creo que esta Comisión no ha estado a la altura de lo publicitado por alguno de sus miembros. Me temo que al abrir el Dictamen que ha surgido de sus trabajos alguno de los lectores recuerde aquel chiste un poco soez en el que alguien llamaba a una puerta en la que figuraba con letras grandes el nombre de un sujeto y debajo "Adivino". Cuando desde dentro alguien preguntaba "¿quién es?", el otro decía "pues vaya fiasco de adivino". Perdonen la broma, pero concluir que la sanidad pública se enfrenta a retos como el envejecimiento de la población, la presencia de cada vez mayor número de personas con enfermedades crónicas o también afectadas de varias dolencias que encarecen los tratamientos, que nuestra sanidad pública precisa de mayores necesidades de financiación y que se ha visto afectada por los continuos recortes que llegan del Gobierno central, que también se ve inmersa en una especie de fascinación tecnológica y de crecimiento constante de demandas ciudadanas no siempre justificadas con criterios médicos y muchas veces alentadas por empresas con ánimo de lucro... concluir todo esto es decir bien poco.
Es una obvia, sencilla y evidente conclusión para más de año y medio de trabajo de doce parlamentarios que integraban una Comisión en la que se han invertido varios centenares de horas; en la que se han empleado también horas de trabajo y de vida personal de casi cien comparecientes y en la que se han gastado de forma directa alrededor de cinco mil euros. Y digo que es decir poco porque para este viaje no se precisaba tanta alforja de demagogia, de desconfianza y de sospecha. Cualquier estudio o artículo realizado sobre el tema, cualquier profesional del sistema, cualquier ciudadano más o menos informado habría llegado a este razonamiento antes de empezar los trabajos de la Comisión. De hecho, algún compareciente trajo consigo un libro escrito hace aproximadamente veinte años en el que se aludían a estos retos.
Eso sí, este instrumento parlamentario ha tenido un resultado alejado del querido por sus promotores. El objetivo declarado de alguno de sus miembros era destapar irregularidades, tratos de favor en las listas de espera, desvíos de pacientes de la sanidad pública al ámbito privado para lucro de algunos profesionales del sistema,... En definitiva, se investigaba para obtener pruebas de corrupción y podredumbre dentro de la sanidad asturiana. Se hurgaba y no se hallaban, por lo que -seguro que ustedes lo recuerdan- casi al final de las comparecencias el Grupo Podemos formuló ante Fiscalía una denuncia para investigar esos supuestos tratos de favor. Esta causa general abierta contra la sanidad asturiana ha permitido, sin embargo, que noventa y nueve comparecientes con responsabilidad en el funcionamiento de la sanidad hayan declarado que no hay irregularidades por ellos conocidas; ha permitido que la Fiscalía haya archivado la denuncia al no apreciar indicios de trato de favor y que, en general, se ha demostrado porqué la sanidad asturiana está entre las mejor valoradas de España.
Afortunadamente, durante todos estos meses, los responsables del sistema sanitario público no han esperado por el Dictamen de esta Comisión y, poniendo en práctica sus medidas y sus programas, han logrado que al acabar el primer semestre de este año ningún paciente tenga que esperar más de ciento ochenta días por una intervención quirúrgica. También han puesto en marcha un sistema de encuestas para conocer la satisfacción de los usuarios y, así, han comprobado que ocho de cada diez ciudadanos intervenidos en el Área Sanitaria III en una serie de procesos habituales, que ocho de cada diez, insisto, manifiesten que volverían a operarse en el mismo hospital y con el mismo tiempo de espera.
Esto que les acabo de relatar son hechos, datos constatables. Frente a ellos hay quien sólo vierte opiniones; se dice que las opiniones que no están sometidas a prueba son prejuicios.
