Decía Bertolt Brecht que "el peor de todos los bandidos es el político corrupto". Y quizás no le faltaran argumentos. Porque, ¿quiénes pueden ser más dañinos que los que pervierten la confianza de la gente, con abuso e impunidad, para atracar a esa misma ciudadanía? Donde representantes honestos ven la oportunidad de cambiar las cosas para la mayoría social, un político corrupto ve, ante todo, la oportunidad de cambiar su economía personal haciendo negocio, de enriquecerse a costa de empobrecer la ética de lo público. Se sirve del poder y de los medios públicos para traicionar el principio básico de toda democracia: buscar el bien común, actuar a favor de la gente. Si todo eso, además, sucede a la par de una crisis económica devastadora y con unos recortes brutales de derechos, servicios y prestaciones, ese expolio lo convierte, probablemente, en el peor de los bandidos, como afirmaba Brecht.
En los últimos meses la crónica de tribunales ha solapado, por desgracia, la crónica política a resultas de la trama más escandalosa destapada en nuestra comunidad autónoma. Quince millones de euros saqueados de las escuelas, en la misma década en que el Gobierno asturiano recortó 33 millones en educación y varios centros recurrían a barracones para sus estudiantes.
No es una buena noticia que el "caso Marea" se haya producido. No lo es, tampoco, que no actuaran quienes tenían el deber político de prevenir y evitar que personajes como el entonces consejero de Educación del Gobierno socialista, José Luis Iglesias Riopedre, y su directora general, María Jesús Otero, hicieran lo que hicieron. La buena noticia, entre tanta mala, es que la opinión pública, las acusaciones populares de la sociedad civil (Avall o el Bloque por Asturies) y la justicia hayan dilucidado las responsabilidades penales y sentado en el banquillo a quienes cometieron esas actividades delictivas. Superaron todas las triquiñuelas de quienes ampararon por acción o por omisión a Riopedre y compañía. ¿Recuerdan ese informe del Gobierno asturiano sobre las cantidades robadas que llegó fuera de plazo al juzgado, seis años tarde?
Desde Podemos Asturies estuvimos a pie de obra y a pie de calle. Tomamos el relevo de la acusación popular que inició el Bloque por Asturies y descubrimos una trama de regalos a funcionarios, que sólo persiguió Podemos, saldada con condenas. Dimos un paso al frente donde otros miraban a otro lado. Hicimos nuestra modesta contribución para aportar luz y taquígrafos.
Pero sigue habiendo sombras. Por un lado, sorprende el misterioso desconocimiento por parte del PSOE, partido que entonces gobernaba en Asturias, de los hechos delictivos que los actores del "caso Marea" estaban perpetrando. Como en la amnesia colectiva del "caso Villa", todos afirman no acordarse de nada en diez años de saqueo cometidos por la mano derecha de Vicente Álvarez Areces. Por otro lado, y más grave, los Riopedre, Renedo, Otero y compañía no ingresarán aún en prisión pese a haber sido juzgados y condenados. Se trata de la doctrina aplicada a Urdangarín y Rato, que permite que los condenados no entren en la cárcel hasta que transcurran interminables años de recursos a instancias superiores, al considerar que no existe riesgo de fuga. Permite que los corruptos descansen en la playa tomando gin-tonics a la espera de la sentencia final. Y se lanza un mensaje indignante a la sociedad.
Es doloroso e incomprensible que haya políticos y empresarios corruptos en ese limbo placentero de la libertad provisional. Mientras, miles de escolares asturianos sí que han cumplido su condena en barracones en Roces, La Corredoria, Las Campas, Cangas de Onís o Colloto. Han sido los únicos, hasta la fecha, para los que la corrupción ha tenido consecuencias. Por eso Podemos Asturies pidió el ingreso inmediato en prisión de los condenados, aplicando el artículo 505 del Código Penal. Fuimos los únicos. No nos secundó el Gobierno asturiano, que pidió su libertad. Para nosotros es incomprensible que ese clamor social no fuera apoyado por la representación legal del Principado de Asturias en el juicio. ¿Por qué no querrían la entrada en la cárcel de los condenados, íntimos de Areces y ex militantes de ese partido, que robaron millones de euros a las y los asturianos?
En España hay numerosos corruptos que no llegan a sentarse en el banquillo de los acusados. Y de los juzgados y condenados, muchos no entran nunca en prisión (¡¿qué diablos tiene que pasar en este país para que los corruptos entren en la cárcel?!). Las condenas sin cárcel del "caso Marea" son ejemplo de ello. Las condenas sin cárcel del caso Marea no son una buena noticia. Porque con ellas sólo unos pocos van a estar felices. Y porque nos hace difícil demostrar que perseguimos a los peores de los bandidos.
