Recientemente hemos tenido noticia de que ha salido adelante la iniciativa de Foro Asturias sobre la propuesta de reforma de Ley del Principado de Asturias 5/91, de 5 de abril, de Protección de Espacios Naturales del Principado de Asturias, logrando con la misma que se incluyesen representantes de los titulares de derechos afectados en las Comisiones Rectoras de los Parques.
Es de agradecer a Foro esta iniciativa que, si bien no constituye la solución al conflicto de intereses, generado por la declaración de espacios de protección natural en el Principado de Asturias, es un buen punto de partida para que el gobierno del Principado comience a cambiar de actitud, escuchando y atendiendo las serias reivindicaciones que plantean los afectados por estos espacios.
Partiendo de esta nueva situación cabría, en primer lugar, reflexionar sobre la eficacia, interés y necesidad real de la extensión indiscriminada, por todo el territorio de Asturias, de múltiples y en muchos casos solapadas figuras de protección medioambiental que, a menudo, carecen de estudios y fundamentos técnicos científicos serios y rigurosos que las avalen. Por otro lado, quedó de manifiesto en las comparecencias realizadas para la aprobación de esta modificación que las medidas aplicables en estos espacios, tanto derivadas de la ley de declaración de muchos de ellos, como de las normas que aprueban los Planes de Uso y Gestión, resultan en muchos casos desproporcionadas, injustificadas, poco eficientes, innecesarias o impuestas, sin considerar la incidencia que finalmente tienen, no solo en el medio ambiente, sino en el desarrollo social y económico de ciertas zonas y sectores.
Es pues necesario dar voz a quienes hasta ahora han sido olvidados, pues tienen mucho que aportar, tanto sobre el conocimiento del entorno en que viven, como sobre la eficacia de unas u otras medidas de uso y gestión. En cualquier caso, si bien la participación de los afectados por estas normas, además de ser obligatoria en nuestro derecho y en el derecho europeo, es conveniente, también ha de ser real y no aparente, y para ello es necesario no solo que los afectados y entre ellos los que más aportan, los propietarios, estén presentes en los órganos de gestión, sino que lo hagan en un porcentaje proporcional a lo que aportan, así como que su participación lo sea en los órganos decisorios y no solo en los consultivos. Es ahí donde la aportación de Foro con esta modificación resulta relevante.
Debemos también señalar que será ahora, al aprobar los reglamentos y desarrollos normativos de esta modificación instada por Foro, cuando haya de verse la verdadera intención del Principado: llevar a efecto y poner en práctica lo que es la esencia y espíritu de dicha reforma o bien convertir esto en un espejismo o en una nueva decepción para los ciudadanos.
Agradeciendo pues a Foro su iniciativa y, sobre todo, el haber logrado la modificación, proponemos que continúen trabajando en la idea de buscar fórmulas de participación y de compensación a aquellos a quienes se les exige la aportación de sus patrimonios individuales y la renuncia a sus derechos, en aras de la protección del interés público de conservación del medio ambiente. Sería también deseable que por parte del gobierno del Principado se ejecutasen las sentencias y se cumpliesen las normas vigentes, tanto en la realización de los diferentes actos administrativos, como en la elaboración de las disposiciones generales, de manera que no haya que verse de nuevo enfrentados en los tribunales; pero sobre todo sería positivo que se acercasen a buscar el diálogo y que no se conformen con soluciones a corto plazo, sino que miren al futuro, que hagan análisis serio de las opciones y que sean, también, imaginativos en las soluciones.
No se trata pues, tan solo de aprobar presupuestos para indemnizar a los afectados por las restricciones o privaciones en el uso de bienes y derechos previamente consolidados, que habrá que hacerlo; ni de aprobar ayudas y subvenciones, que palían momentáneamente la necesidad, pero que adormecen a la sociedad y la convierten en una sociedad inactiva, poco emprendedora y abandonada a la espera de un subsidio; no, lo que queremos, lo que esperamos y lo que proponemos es que mediante las fórmulas de participación se escuchen las propuestas y alternativas que tenemos y se estudien con seriedad para, una vez que se adecúe con mesura la necesidad de protección, se planteen formas de compensar a los afectados y de gestionar los espacios, que logren o tengan como principio el reparto equitativo de las pérdidas y las ganancias, derivadas de la nueva ordenación del territorio que supone esta normativa, abandonando o reduciendo ese modo de gestionar, único que conocemos hasta el momento, basado en el derecho sancionador exclusivamente, de forma que se puedan ofrecer en estos espacios unas condiciones de uso que faciliten la iniciativa privada rentable; que contemplen la posibilidad de una explotación racional de los recursos, como sucede en otros países europeos; que hagan atractivo el mundo rural a los jóvenes y les animen a emprender en el mismo; que hagan compatible la protección con el uso de las tecnologías, la modernización de las instalaciones y empresas situadas en estos entornos, así como la mejora de las comunicaciones, verdadero lastre para el desarrollo en algunas de estas zonas. En definitiva, que resulte de mayor interés vivir en estos entornos conservando que huir y abandonar el medio rural, pues no olvidemos que la mayor parte de lo que hoy disfrutamos "conservado" se debe al esfuerzo que, durante décadas y generaciones, han hecho los dueños y los habitantes de estos territorios.
